Finalmente el juez Benedicto Correa, titular del Quinto de Instrucción, decidió procesar Mauricio Vega, un trabajador del Ministerio de Educación que en el mes abril transfirió fondos del Estado a su cuenta bancaria personal. Ahora La Justicia lo tiene en la mira por el delito de estafa en perjuicio de la administración pública, agravado por el hecho de ser empleado público. Además, quien conduce el Quinto de Instrucción le trabó un embargo de bienes por 50 mil pesos, aunque el imputado puede apelar la resolución. El proceso ahora busca determinar si Vega fue culpable o no, en el caso de ser encontrado responsable del delito, el acusado podrá recibir un castigo de 2 a 6 años de prisión, pero también la excarcelación es posible debido a la escala penal.
El hecho por el que se lo investiga no es el único en la cartera de educación, fue precisamente el ministro Felipe De los Ríos quien realizó la denuncia a otra empleada del Ministerio que utilizó el mismo mecanismo para desviar fondos del Estado a su cuenta. En esta causa se investiga a Sandra Deolinda Maya, que recayó en el Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo de Pablo Flores, quien quedó imputada por el mismo hecho delictivo.
En esta oportunidad el delito fue mucho más lejos ya que la mujer logró hacerse con alrededor de 1.300.000 pesos en seis meses. En este caso hasta el momento no hay una resolución oficial.
Vega por su parte se desempeñaba en el área de liquidación del Ministerio, y fue descubierto por el juez Correa quien determinó que el hombre se pasaba dinero como si fuese una liquidación de sueldo al nombre de una mujer aparentemente falso. El modus operandi utilizado por el empleado consistía en colocar los datos de una docente que aparecía en el CUIL, pero eran los datos de su propia cuenta bancaria los que se utilizó para desviar 11.350,40 pesos.
