Consumados más de tres meses desde el estallido de las protestas sociales en Chile y con un Presidente como Sebastián Piñera quien continúa batiendo récord en los niveles históricos de desaprobación sobre su gestión, en las últimas horas se conoció un nuevo fallo sobre los casos de represión encabezados desde Carabineros.
Un tribunal de primera instancia chileno sobreseyó a siete de un total de doce policías que fueron acusados por torturas contra manifestantes que protestaban en la Plaza Ñuñoa, ubicada en Santiago.
El fiscal Manuel Guerra comentó a la prensa: “No compartimos la resolución y vamos a apelar del sobreseimiento definitivo. No obstante, valoramos que se haya determinado que es la justicia ordinaria la que debe conocer del caso y no la judicatura militar”.
Por su parte, el letrado Mario Vargas, representante legal de los Carabineros, afirmó que se trata de “un fallo bastante contundente por no existir delito, ni participación”.
La resolución generó polémica por tratarse del primero de los casos de carabineros imputados a partir de denuncias de torturas. Sobre el caso específico, se dio con el video que muestra como un grupo de efectivos de las Fuerzas de Orden golpean a un hombre mayor.
La indignación se complementa con otro fallo conocido en las últimas horas a partir del cual un joven de 24 años, acusado de ser el presunto responsable del incendio que azotó la la sede de la UDI en Concepción el pasado 7 de noviembre, quedó en prisión preventiva.
La represión en números
- 3649 personas heridas (269 son niños o niñas)
- 405 personas con heridas oculares (33 con estallido o pérdida)
- 9129 detenidos totales (1067 niños o niñas)
- 1080 acciones judiciales presentadas (770 por torturas, 158 por violencia sexual)
Los informes, provistos y constatados por funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organización que realiza el trabajo de campo desde las manifestaciones, centros de salud y comisarías, a partir de 17 de octubre de 2019, ilustra la brutal represión y el garantismo provisto por el Gobierno de turno.
Vale recordar que fue el propio INDH el que informó su intención de solicitar al Ministerio de Salud y a Carabineros la investigación sobre el químico utilizado desde los carros hidrantes de la fuerza de orden en la represión dirigida sobre las manifestaciones del fin de semana último.
Ante esto, Piñera entiende que “la democracia tiene no solamente el deber, tiene la obligación de defenderse de enemigos como son aquellos que usan la violencia contra la sociedad”.
Lo cierto es que el peso propio de la crisis chilena solo pierde intensidad desde la cobertura de los principales medios de comunicación. Pero el reclamo permanece y la represión, se agudiza.
A escala regional es genuino mirar con preocupación los intentos de militarización que gobiernos de bajo arraigo popular como el de Lenín Moreno en Ecuador o el de Sebastián Piñera en Chile buscan construir o al menos ensayan con escenarios de crisis que no ven venir ni saben administrar.
