Se trata de Javier Alonso. El Jurado de Enjuiciamiento dispuso que no continúe en el cargo mientras dure el Jury en su contra.
Javier Alonso, el juez de Jáchal denunciado por la Corte de Justicia, fue suspendido en el cargo este viernes y no podrá volver mientras se sustancia el proceso de destitución que hay en marcha en su contra. La resolución la tomó el Jurado de Enjuiciamiento tras una reunión que duró casi dos horas y fue por unanimidad. Al mismo tiempo, el cuerpo rechazó el planteo que había hecho el magistrado con la intención de impedir la participación del fiscal de Estado como acusador.
El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por el cortista Guillermo De Sactis, los diputados Fernanda Peredes y Juan Carlos Abarca y los abogados Cristina Pintor y Mario Arancibia, tenía previsto juntarse el próximo lunes para evaluar la presentación que hizo Alonso. Pero el jueves entró un pedido conjunto de suspensión del fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani; y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, y el tribunal apuró los tiempos y se reunió este mismo viernes.PUBLICIDAD
Los jurados no rechazaron ni aceptaron la solicitud de los fiscales y si bien consideraron sus argumentos, se tomaron de las facultades que les da la ley para suspender, por ellos mismos, en cualquier momento del proceso al denunciado y lo apartaron del cargo hasta que finalice el Jury. Significa que Alonso no podrá, por ahora, continuar actuando en el juzgado y que lo reemplazará un sobrogante.
La suspensión es consecuencia de la denuncia que la Corte de Justicia hizo el mes pasado contra el juez en cuestión por graves irregularidades. Haciéndose eco de una auditoría que reveló que en el juzgado que dirige Alonso hay profundas demoras en más de 500 causas, los cortistas presentaron un pedido de destitución que ahora tramita ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El tribunal que preside De Sanctis había admitido formalmente la denuncia el 28 de abril y en ese entonces, optó por no suspender a Alonso a pesar de poder hacerlo. Sin embargo, este viernes resolvió que no ejerza el cargo mientras dure el proceso.PUBLICIDAD
Entre otras cosas, el Jurado fundamentó que hace falta preservar los expedientes que hay en el Juzgado con asiento en Jáchal, porque podrían ser fundamentales (de cada uno puede surgir si efectivamente estaban demorados) para definir si Alonso debe ser removido o no. “Más allá de la petición de los fiscales, el propio tribunal ha considerado oportuno que cese una situación de cuasi incompatibilidad de un juez denunciado que tiene a su cargo la prueba que ha sido ofrecida por la Corte como base de la denuncia”.
Por otro lado, De Sanctis agregó: “Un juez denunciado no está en condiciones emotivas de llevar adelante la labor jurisdiccional, creo que es un beneficio también para él, es con goce de haberes y en el caso de que sea acusado, que se dedique con todo ahínco a su defensa”.
La Corte sostiene que Alonso no puede seguir siendo magistrado, porque no cumplió acabadamente con sus funciones y tenía expedientes muy sensibles (con detenidos y por violencia de género) que llevaban meses totalmente paralizados. Atento a eso, le endilga morosidad injustificada, negligencia, mala conducta e incumpliendo de deberes como causales de destitución.
En su descargo, el magistrado rechazó oportunamente los términos de la denuncia y sostuvo que hizo lo que pudo, con lo que tenía. Incluso, en un palo por elevación a la Corte de Justicia, dijo que no tenía personal suficiente, que en febrero le hizo saber que necesitaba reforzar la plantilla de trabajadores con algunas designaciones y que nunca tuvo respuesta.
Mientras Alonso empieza a transitar la suspensión, se acerca la fecha límite para que Quattropani y Alvo decidan por separado sin lo acusan y lo mandan al banquillo de los acusados. Por lo pronto, el fiscal de Estado ya adelantó que lo acusará, por lo que crecen las chances de que el juez sea sometido a un juicio oral.
El magistrado le planteó por escrito esta semana al Jurado de Enjuiciamiento que Alvo no puede intervenir y pidió que sea apartado del proceso. Los integrantes del cuerpo colegiado rechazaron la presentación y el titular del organismo que defiende los intereses de la provincia, por ahora, sigue firme.
Fuente: Diario Huarpe
