Luego del simulacro de juicio por jurado del sábado, en el que la Corte de Justicia participó de su organización, el fiscal General, Eduardo Quattropani, salió a cuestionar con dureza el mecanismo. El jefe del Ministerio Público sostuvo que, por ahora, el debate popular no tiene ninguna significación cuantitativa en materia de seguridad y que hoy los ciudadanos exigen una justicia eficaz, celeridad y que se resuelvan los conflictos, atributos que no son aportados por el juicio por jurado. Además, fue muy crítico al sostener que el sistema es una «petulancia intelectual de ciertos sectores del derecho que no tienen apego a la realidad». Incluso, fue más allá, al indicar que «es atractivo y mediático», pero que realizar unos diez juicios al año (en las provincias en las que está operativo) «no mueven el amperímetro del reclamo de Justicia». Por eso, sostuvo que el Estado primero debe ocuparse de resolver la mayor cantidad de conflictos posibles y, una vez logrado eso, «estará en condiciones de implantar» el mecanismo.
El procedimiento de debate popular para la provincia está establecido dentro del nuevo Código Procesal Penal, en el que se destaca que la investigación dejará de ser potestad de los jueces para recaer en las manos de los fiscales. La norma principal fue trabajada por una comisión especial que estuvo compuesta por ministros de la Corte, jueces penales, miembros del Ejecutivo y fiscales. Si bien la ley fue sancionada a fines del 2018 y se espera que comience a funcionar a principio del año que viene, el juicio por jurado no tiene fecha de aplicación. La decisión de postergar el arranque se debe a que las autoridades judiciales apuntan a que el sistema acusatorio comience a rodar sin problemas para luego pasar al juicio por jurado. En ese marco, el sábado se llevó adelante un simulacro dentro del XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal
