La Cámara de Diputadosdebatirá este jueves en sesión especial el proyecto de ley de emergencia alimentaria impulsado por bloques opositores, luego de que la bancada de Cambiemos recibió la luz verde del presidente Mauricio Macri para tratar la iniciativa.
La sesión está convocada para las 11:30 a partir de un pedido de varias bancadas opositoras, que el lunes consiguieron redactar un proyecto unificado de los 12 que se presentaron. Tras dar su aval al debate a sus legisladores este miércoles, el mandatario aseguró que no vetará la iniciativa en caso de que sea aprobada.
La bancada de Cambiemos -donde no hay una postura uniforme frente a la iniciativa- optó por dejar que el debate avance, aunque advirtió que seguirá de cerca la discusión del articulado porque no quiere “aprobar ninguna locura”.
Fuentes consultadas por NA afirmaron que les parece correcto el proyecto unificado porque respeta la facultad que ya tiene el Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias en lugar de crear un gasto adicional, en cuyo caso no lo acompañarían.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se reunió este miércoles con los jefes del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, para avanzar en un acuerdo en torno a la dinámica de la sesión. Conversaron sobre la necesidad de que la sesión sea concisa, con pocos oradores y sin las interminables cuestiones de privilegio que suelen presentarse al inicio de cada debate.
El proyecto
La iniciativa unificada cuenta con 13 firmas de diputados entre miembros del Frente de Todos, del bloque Justicialista, de Unidad Justicialista (San Luís) y del Frente Renovador de la Concordia (Misiones).
En su articulado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año, y propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
También otorga facultades al jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente esas partidas presupuestarias, con referencia a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
Además, habilita al Poder Ejecutivo a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.