s empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, presos desde 2017, fueron excarcelados ayer por el Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio en su contra por presunta defraudación. No obstante, seguirán presos porque tienen ordenada la prisión preventiva en otras causas en trámite en el juzgado de Claudio Bonadio.
El TOF 3 los excarceló porque entendió que hubo un cambio sustancial en la situación de ambos como consecuencia de un fallo de la semana pasada que resolvió que la maniobra que se les adjudicaba y que había motivado las detenciones en realidad no existió.
Ese fallo, citado por la defensa de los empresarios en el pedido de hoy, sobreseyó a ambos en un expediente en el que estaban acusados de haber vendido acciones suyas del Grupo Indalo en un supuesto intento por obstruir la labor de la Justicia.
El fallo que sostiene que esa supuesta maniobra que se había denunciado no existió fue firmado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti el 13 de septiembre pasado y no fue apelado por la fiscalía. Es una decisión determinante en la situación de ambos detenidos porque el argumento central para su prisión preventiva fue la sospecha de que habían intentado sustraer su empresa del accionar de la Justicia, que los había inhibido.
Cuando detectó esa supuesta maniobra, el juez federal Julián Ercolini, que fue quien dictó las prisiones preventivas, dispuso que otro juez investigara si había existido un delito. Fue así como se inició el caso que instruyó Capuchetti.
López y De Sousa están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 en un juicio oral y público por retener impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos, según la acusación fiscal. Es ante ese tribunal que hoy pidieron la excarcelación.
Sin embargo, esta no es la única causa por la que están presos. Sobre ambos acusados pesan además otras prisiones preventivas dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de causas ligadas al caso de los cuadernos de las coimas. Por eso, para obtener la libertad, López y De Sousa necesitarán también ser excarcelados en esos expedientes.
En paralelo con la excarcelación pedida hoy, De Sousa tiene presentado además una solicitud para que le concedan la prisión domiciliaria.
En el escrito de la excarcelación de De Sousa, la defensa afirmó: «Como puede apreciarse, ha quedado objetivamente demostrado, en el marco de una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, que el argumento que invocó el Dr. Ercolini para privar de su libertad a nuestro defendido es absolutamente falso, ya que jamás se engañó a nadie y nunca se vendieron las acciones del Grupo Indalo».
La defensa alegó además que la jueza Capuchetti había escrito que las operaciones sospechdas «no tuvieron como finalidad el incumplimiento de las medidas que pesaban sobre las sociedades cauteladas» y que había destacado que la «hipótesis inicial» que se investigó en la causa fue refutada por las pruebas reunidas.
«No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos», escribió la jueza y transcribió la defensa.
Capuchetti es la última jueza federal designada en Comodoro Py. Juró hace cuatro meses y ocupa el juzgado que tuvo a su cargo Norberto Oyarbide hasta que renunció.
