La estrategia de las principales clínicas y sanatorios sanjuaninos de hacer públicos los problemas de costos elevados que afrontan tras la brutal devaluación del mes pasado abrió una grieta con el Gobierno provincial, que está en plena negociación con las prestadoras. Fuentes oficiales señalaron el malestar que causó la actitud de los dueños de las mismas, en momentos en que se están contando las monedas para cumplir con las obligaciones hasta fin de año. Quien salió a hablar fue el titular de la Obra Social Provincia, Javier González; quien justamente está encabezando las negociaciones con los sanatorios e instituciones intermedias. Dijo que las autoridades entienden la “situación difícil” que están pasando, y que la financiadora los está “acompañando” en la medida de las posibilidades, incluso en prestaciones con insumos en dólares. Pero destacó que dentro de la actual coyuntura, “tenemos que aportar tanto desde las asociaciones como del financiador, porque los fondos son limitados”.
Ayer 11 entidades de la medicina privada -El Castaño, Cimyn, CCI, Sanatorio Mayo, Sanatorio San Juan, Hospital Privado, Sanatorio Argentino, Instituto de Traumatología, Clínica Mercedario, Instituto Médico y Clínica de la Ciudad- publicaron una solicitada informando que está en riesgo el servicio de internación y guardias las 24 horas de los afiliados a la Obra Social Provincia, debido a los aumentos “desproporcionados” de sus costos e insumos. Informaron que mientras sus costos operativos subieron 72% en el último año -entre agosto de 2018 y agosto de 2019- a causa de las paritarias de sanidad, inflación, devaluación, tasas de descubierto bancario altas, etc, los valores que está pagando la Obra Social Provincia sólo aumentaron en un 28%. Dicen en el comunicado que eso ha traído aparejado un desfinanciamiento sobre todo en los sectores con internación de pacientes, que ya ha generado la decisión de cierres de algunos servicios con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo. “El sector ocupa más de 5.000 trabajadores en forma en forma directa o indirecta y es esencial en la planificación de la atención de la salud de la población que se encuentra en situación de extrema gravedad” señalan, y agregan que la situación “pone en riesgo la atención de los 140 mil afiliados de la OSP”. El interventor de la prestadora contestó que el proceso actual “es bastante complejo tanto para ellos como para nosotros” y destacó que los fondos con que cuenta para el servicio son limitados. “Estamos escuchando y buscando alternativas, y por la situación no nos vamos a salir de la relación prestador-afiliado porque es lo que nos ocupa como financiadores de la salud, pero la verdad es que tenemos que aportar tanto desde las asociaciones como del financiador cuáles son las prestaciones que se van a materializar. No es sencillo, pero tampoco la solución puede consistir en una interrupción del servicio porque sino esto lo agrava”, dijo en alusión a que en los sanatorios están pensando en cortar servicios. No cuestionó el aumento de costos que esgrimen los privados, pero no confirmó ni desmintió la suba del 28% en los últimos 12 meses que le compete. Sí informó que los aumentos en gastos sanatoriales de la OSP subieron 34% de enero a la fecha. González agregó que la obra social está pagando a 15 días, y a buenos valores, y que para una clínica o un sanatorio, “tener una obra social con 156 mil afiliados significa un factor importante en sus ingresos”. Respecto a las negociaciones en curso añadió que “estamos en constante diálogo, interactuando para ver cómo podemos acompañar este proceso bastante complejo para ellos como para nosotros”, debido a la limitación de los fondos que provienen de 111.000 socios activos, frente a otros 45 mil aportantes jubilados.
“Acompañamos en la medida de nuestras posibilidades porque los fondos son limitados”
JAVIER GONZÁLEZ – Inter.Obra Social Provincia
LOS TIRONEOS LUEGO DE LA DEVALUACIÓN
No es la primera vez que el sector de la medicina privada sale a reclamar aumentos a la obra social de los empleados públicos sanjuaninos. A fines de agosto, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan (Aclisa), que nuclea a 26 instituciones en la provincia emitió un comunicado advirtiendo que tras la devaluación que sucedió a las PASO el sector se encuentra en “”situación alarmante” y con el riesgo de no poder cumplir con los compromisos asumidos con los financiadores y nuestros pacientes. La reacción de la OSP fue salir a anunciar que había sobrefacturaciones, que iba a poner límite a la cápita mensual y que iba a aumentar el bono prestacional para el afiliado. Hubo marcha atrás y nada de eso sucedió, sólo se informó que iban a poner en marcha una coauditoría para ver si hay sobrefacturaciones.
