La decisión del Concejo Deliberante de Angaco de suspender al intendente José Castro por 30 días tiene pocos antecedentes en la provincia. Desde el retorno de la democracia, hay que remontarse hasta 1993 para encontrar un hecho similar. Ese año, el cuerpo legislativo de Calingasta suspendió en sus funciones al jefe comunal Juan Oreste Merino para luego llevar adelante una consulta popular que culminó con su destitución. Los motivos que llevaron a apartar al calingastino de su cargo se repitieron en Angaco: mal desempeño en sus funciones y, principalmente, irregularidades en el manejo de los recursos comunales. Al último caso se le suma el presunto uso de bienes municipales con destino privado. Otra de las similitudes es que en Angaco también asumió una mujer, Valeria Garay, quien presidía el Concejo Deliberante. Una diferencia sustancial es que los ediles angaqueros no pueden promover una revocación del mandato del intendente, porque la ley establece que no puede ser removido si faltan menos de nueve meses para la finalización de la gestión. Por otro lado, como la suspensión es por 30 días hábiles, si Castro regresa será una semana antes del cambio de mando con Carlos Maza Pezé.
La embestida para apartar al intendente fue liderada por José Risueño, que tuvo el OK de Mario Pacheco, Sandra Escuela y Alberto Fernández, además de Garay. Los concejales también decidieron ir a la Justicia contra Castro por el uso indebido de bienes, por lo que hoy presentarán la denuncia en la fiscalía de turno.
Al ser notificado, Castro decidió acatar la resolución. Incluso, se mostró tranquilo al salir de su despacho y saludar a los empleados comunales con un “chicos, nos vemos luego” y desearle a Garay “mucha suerte y felicitaciones”.
Antes, el intendente sostuvo que es víctima de una “persecución ideológica, política y laboral por parte de Risueño” y que va a ir a la Justicia para denunciar “el incumplimiento de los deberes de funcionarios por parte de los miembros del Concejo”. Según Castro, la resolución que lo aparta del cargo es “en represalia para ocultar el mal funcionamiento” del propio cuerpo deliberativo y que “vamos a mostrar y demostrar que mienten cuando dicen que faltan fondos, que no tiene la documentación y que, por ejemplo, tenemos pagos atrasados a proveedores. Tenemos todas las cuentas del municipio en orden”.
Según la resolución del Concejo, Castro fue suspendido por reiteradas faltas en el envío de documentación solicitada por el legislativo por “prácticamente un año y medio y no ejecutar las ordenanzas sancionadas”. Entre los puntos se destacan pedidos de información por el programa de vivienda Mi Lugar en el Mundo; partes diarios de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018; y haber realizado variaciones en el presupuesto municipal de este año por un monto de 8.840.000 pesos, “de los cuales no tenemos conocimiento”. Un punto que destacaron los ediles es que, de acuerdo a una ordenanza dictada en 2018, “el Ejecutivo municipal podrá realizar las reafectaciones presupuestarias que fueran necesarias, previa aprobación del Concejo Deliberante”. A todo esto, se suma la exposición que Risueño hizo el sábado en la Policía en donde denunció que maquinaria y personal municipal se encontraba haciendo trabajos de relleno y nivelación en un predio privado de Chimbas.
En la historia local existieron varios enfrentamientos entre concejales e intendentes, que se frenaron porque el Gobierno provincial de la época intervino el Ejecutivo municipal o porque el proceso de remoción se cayó en alguna etapa (ver Avances…).
Resolución
- En el documento aprobado, el Concejo Deliberante indicó que la suspensión “es necesaria con el objetivo de que se puedan obtener los informes pertinentes a los fines de avanzar con profundidad en la investigación y así determinar las responsabilidades políticas e institucionales” del intendente Castro.
>> Avances contra intendentes
Calingasta
En agosto de 1993, el Concejo Deliberante suspendió a Juan Merino y realizó la consulta popular para definir su futuro. El 60,5 por ciento de los vecinos votó por la destitución, por lo que en septiembre asumió Marcela Assaro, presidente del Concejo.
Caucete
Emilio Mendoza tuvo que sortear un pedido de destitución en 2002. Lo habían acusado de irregularidades y desorden administrativo y contable. Evitó la suspensión y en la consulta popular de diciembre obtuvo el 55,97 por ciento de los votos y continuó en el cargo.
Jáchal
En medio de irregularidades advertidas por el Tribunal de Cuentas y con una extensa protesta popular, el gobernador Alfredo Avelín firmó en 2002 la intervención contra la conducción jachallera de Abdón Táñez. Su lugar lo ocupó Franklin Sánchez.
Iglesia
Tras el juicio político que los concejales le iniciaron al intendente Alfredo Allegui, el exgobernador José Luis Gioja dispuso en 2006 la intervención de la comuna y la disolución del Concejo Deliberante. La Cámara de Diputados sancionó la medida en noviembre.
Santa Lucía
En 2007, el intendente Vicente Mut fue suspendido por el Concejo Deliberante tras el inicio de un juicio político que fue impulsado por los empleados municipales. El proceso siguió adelante y culminó con su destitución. Había sido jefe comunal de 1991 a 1995.
