El titular de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, habló de la necesidad de crear en San Juan, como ya existe en otras provincias, la Defensoría de Inquilinos, un área que servirá para “mediar y defender los derechos de quienes alquilan una vivienda” porque dijo que están en desigualdad de condiciones frente a las inmobiliarias. El dirigente también habló de la difícil situación por la que atraviesan, al punto que dijo que según una encuesta en la provincia al igual que en el resto del país el 54% de los ingresos de una familia son para pagar el alquiler.
-¿Cómo está hoy la situación de los inquilinos?
-El sector de los inquilinos está bastante mal. Incide, por un lado, la situación económica que obliga a quienes alquilan una vivienda a finalizar los contratos antes de tiempo porque no pueden soportar los aumentos semestrales, que son ilegales en todo el país.
-¿Por qué son ilegales?
-Porque la indexación de los alquileres está prohibida desde el año ’91, por la ley de emergencia económica y convertibilidad, con lo cual los contratos de alquiler deberían tener el mismo precio durante los dos años. Pero el mercado inmobiliario decide en forma unilateral y ha decidido aplicar aumentos primero anuales y después semestrales.
-¿Cuáles son los efectos de esta situación?
-Que cada vez hay más inquilinos y menos propietarios en el país, que tiene que ver con el modelo de rentabilidad urbana, de concentración de viviendas en pocas manos. Cada vez hay menos constructoras, para sectores que tienen más poder adquisitivo, para especular, tenerlos vacíos, como reserva de valor porque la vivienda está dolarizada en muchos casos. Además el Estado no compite, como sucede en la salud y la educación, con oferta pública para aquel que no pueda pagarla. En Argentina el Estado le ha dejado absolutamente todo el diseño de la política de vivienda al mercado privado. Y lo que hacen los gobiernos provinciales es construir viviendas sociales en la periferia para solucionar la urgencia y para dejarle el negocio inmobiliario de las ciudades al mercado.
-¿Cómo está San Juan en este panorama?
-En San Juan no se escapa a lo que pasa en todo el país, con concentración, una situación económica muy grave, crisis habitacional y la mitad de los ingresos familiares destinados sólo al pago del alquiler. Según una encuesta, en San Juan, el 54% de los ingresos de una familia son para pagar el alquiler. Lo mismo sucede en el resto del país.
- «El negocio inmobiliario es rentable, especulativo y a veces hasta inmoral»
- «Que la comisión inmobiliaria la pague el dueño no sube el precio de los alquileres».
- «El Estado debe ser parte en la mediación entre el inquilino y el sector inmobiliario»
-¿Qué proponen desde la federación para solucionar la situación?
-En San Juan, como en otras provincias, hace falta una Defensoría de Inquilinos para la protección de quienes alquilan. La intención es crear un área que defienda los intereses de los inquilinos, similar a Defensa del Consumidor, como ocurre en algunas provincias como Corrientes, Neuquén, CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Santa Cruz. Se trata de un área del Estado garantizando que se cumpla la ley, cumpliendo tareas de mediación, de información de derechos y, algo básico, como es la regulación de las comisiones.
-¿Qué está pasando con las expensas?
-Han aumentado muchísimo por el incremento de las tarifas, pero sucede además que con la modificación del Código Civil en 2015 se abrió una zona gris en la que los inquilinos, por ejemplo, debemos pagar arreglos estructurales de los edificios, por lo que no sabemos a cuánto va a venir de expensas. Entonces firmamos un contrato de alquiler en el que sabemos cuánto vamos a pagar de alquiler y de expensas el primer mes, pero no cuánto seguiremos pagando. Es materia nacional, para cambiar esto hace falta reformar el Código Civil, y por otro lado que las provincias empiecen a controlar a las administraciones de consorcios.
-¿Cuáles son los ejes de la ley de alquileres que proponen?
-Por ejemplo, extender el plazo de los contratos a 3 años porque ahora son por dos años, regular el precio de los alquileres por un promedio entre inflación y salario con actualización anual y no semestral, regular expensas, que haya negociación previa 90 días antes de la finalización del contrato para acordar entre las partes las condiciones del próximo acuerdo, que el depósito sea de un mes en todo contrato y que se devuelva actualizado, cosa que hoy no sucede y registrar los contratos en AFIP porque hoy el 85% de las operaciones se hacen en negro, con una evasión multimillonaria.
-¿Qué espera del próximo gobierno?
-Cualquier gestión va a ser mejor que la actual. Creo que podremos tener otra forma de trabajo ya que durante estos cuatro años hay que hablar de la desprolijidad del Gobierno nacional en el Congreso. Es una coalición que no puede garantizar leyes. En cambio, si gana Alberto Fernández, la expectativa es en la creación del Ministerio de Vivienda, una deuda pendiente de la democracia. La vivienda no es política de creación de empleo, lo que hay que hacer es intervenir y regular el mercado inmobiliario, que se quedó con las ciudades.
