El debate de relatos sobre la herencia macrista que recibirá Alberto Fernández tiene varios campos de batalla. El principal es la economía, no hay dudas, pero otro acaba de tomar vigor en la arena pública. Tiene que ver con la estructura del Estado que Mauricio Macri le dejará a Fernández desde el 10 de diciembre próximo, cuando asuma como presidente.
Un informe realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) denominado «Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015-2019» concluyó que ésta sufrió «vaivenes importantes» en los últimos cuatro años y esa volatilidad, con un fuerte crecimiento de ministerios, secretarías y direcciones hasta 2017, y una reducción tras el comienzo de la crisis cambiaria, provocó una dificultad para la elaboración de políticas públicas de largo plazo, sumado a diferentes problemas de coordinación y «articulación» en el Gobierno.
Los especialistas Gonzalo Diéguez, José Gasparín, Jimena Rubio y Lucía Aruanno detectaron además que más del 40% de los funcionarios técnicos duraron sólo dos años en sus puestos producto de «la débil implementación de políticas de profesionalización pública orientadas a establecer procesos meritocráticos de selección y trayectoria profesional que tengan cierto grado de independencia de los vaivenes de la coyuntura política», según informaron en el estudio que elaboraron y presentaron anteayer.
Los especialistas celebraron los llamados a concursos durante la gestión de Macri, pero precisaron que de los 125 realizados en la APN hasta abril de 2019 sólo 5% era para nivel directivo. «A su vez, se han mantenido las designaciones transitorias por 180 días y con excepción de requisitos profesionales o presupuestarios», cuestionaron.
«En diciembre de 2015, el 87% de los directores nacionales y generales estaban designados transitoriamente y este porcentaje aumentó a 91% en septiembre de 2019. Por su parte, la proporción de directores exceptuados de requisitos profesionales o presupuestarios disminuyó, pero todavía se mantiene en niveles altos: en diciembre de 2015 este porcentaje era de 84% y pasó a 77% en septiembre de 2019», agregaron.
«Así, el ingreso a la gran mayoría de cargos con incidencia crítica en el desarrollo de las políticas públicas en la APN central continúa basándose en decisiones de carácter discrecional que en la práctica se traducen en la configuración de un modelo directivo basado fundamentalmente en competencias políticas que prioriza la confianza partidaria», señalaron los especialistas de Cippec sobre el tipo de gobernanza.
Diéguez, Gasparín, Rubio y Aruanno estimaron, de esta manera, que la actual situación trae como resultado un segmento directivo «sin criterios de ingreso y desarrollo basados en el mérito y la profesionalización, con altos niveles de rotación y baja permanencia en el cargo». En ese sentido, pese a las promesas de campaña, para el Cippec no se generaron durante el gobierno de Cambiemos estructuras organizacionales permanentes ni funcionarios de carácter técnico en el espacio directivo que perduren en sus cargos y puedan otorgar horizontes temporales de largo plazo necesarios para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible.
Según Cippec, en diciembre de 2015 el andamiaje burocrático administrativo de la APN creció en sus distintos niveles. Los ministerios pasaron de 18 a 23; las secretarías, de 69 a 85; las subsecretarías, de 165 a 204; las direcciones nacionales, de 290 a 398 y las direcciones generales, de 127 a 144. «Esta tendencia incremental permaneció en 2017 y llevó a que el gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzara su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se posicionara entre los gabinetes más grandes de América latina», afirmaron los especialistas. Con 23 ministerios, el país compartió segundo lugar en el ránking de la región con Ecuador, Brasil y Chile, detrás de Venezuela (31 ministerios). El país con menor cantidad era, en 2018, Paraguay, con 12.
Pero ya enfrascado en la crisis cambiaria y de vuelta en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno eliminó diez ministerios en septiembre de 2018 para dar una señal de austeridad. Fueron absorbidos como Secretarías de Gobierno dentro de las órbitas de grandes estructuras ministeriales. La cantidad de ministerios pasó de 18 a fines de 2015, a su pico máximo de 23 a fines de 2016, y a 13 en 2019. En definitiva, entre 2015 y 2019, la estructura de la APN terminó engrosándose un 3%. De los 669 ministerios, secretarías de gobierno, secretarías, subsecretarías, y direcciones nacionales en 2015 se pasó a 854 en 2016; 880 en 2017; 694, en 2018 y 691, en 2019.
Este debate se recalentó en los últimos días en los medios, con Fernández todavía de visita en México. «Si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos, la efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana», dijo anteayer en una entrevista que dio al canal de noticias TN cuestionando el informe que jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, hizo sobre la herencia económica. Fernández dijo que revisará los concursos que se abrieron en las últimas semanas.
«Es increíble que dé esta información, que es totalmente equívoca», le contestó Andrés Ibarra ayer. «Los concursos que se están llevando adelante tienen que ver con personas que hace más de diez años están trabajando en el Estado y que, sujetos a evaluaciones de desempeño, pasan de una situación precaria o provisoria a una situación de planta porque lo merecen», agregó, en tanto, el vicejefe de Gabinete.
