Cuando mañana entren en vigencia las pautas claras de la prisión preventiva en la Justicia Federal se disparará una avalancha de pedidos por parte de los abogados de los detenidos por delitos de lesa humanidad para que sean liberados o se ablanden las condiciones de encierro. Así lo revelaron cuatro defensores que representan a 21 imputados que enfrentan el tercer megajuicio. En general resaltaron que no hay riesgo de que los acusados se fuguen ni que entorpezcan el desarrollo del proceso, los dos requisitos que quedaron estampados en el nuevo Código Procesal Penal Federal y que los jueces deben tener en cuenta a la hora de resolver un encarcelamiento antes de que una condena quede firme. Sin embargo, fuentes judiciales estimaron que no habrá excarcelaciones masivas, dado que los magistrados deberán analizar caso por caso y otras circunstancias.
Para el dictado de prisiones preventivas a los sospechosos de ilícitos federales (como lesa humanidad, narcotráfico y delitos de funcionarios públicos nacionales), los funcionarios judiciales se venían basando mayoritariamente en el fallo Díaz Bessone, el cual establece la aplicación de este tipo de detención cuando se presuma el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación, como eliminar pruebas y apretar testigos. No obstante, los magistrados también tomaban otros criterios para encerrar a un imputado, por lo que, para eliminar arbitrariedades, los especialistas que reformaron el Código fijaron las pautas para su dictado. Que en la práctica no son novedosas sino las que los jueces y fiscales venían aplicando usualmente. Pero ante la puesta en vigencia de la norma, en forma parcial para todo el país (Ver recuadro), abrió la puerta para que los defensores prueben suerte y hagan planteos.
En el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad hay 34 acusados, de los cuales, el defensor oficial Esteban Chervin representa a 27. De ese número, informó que 16 se encuentran con prisión preventiva y con domiciliaria. Así, destacó que «vamos a plantear ahora medidas alternativas a la detención en una unidad penitenciaria e, incluso, en el domicilio». Y agregó que «hay distintas medidas que, a través de conductas determinadas, permiten que no sea necesario que esté detenida la persona que se encuentre a derecho». Estas son, la obligación de presentarse ante el juez cada cierto plazo, la prohibición de salir del país, el pago de una fianza o el uso de una tobillera electrónica, entre otras.
Sandra Lebeque, defensora de Marcelo López, también dijo que pedirá su excarcelación porque «no hay ningún riesgo procesal porque toda la prueba está incorporada. Y no hay riesgo de fuga porque López se había presentado a la Justicia». Antonio Falcón, abogado de Norberto Trigo, y Marcelo Fernández, de Francisco Del Torchio y Eduardo Cardozo harán planteos en el mismo sentido. No obstante, el fiscal Francisco Maldonado y los jueces del Tribunal Oral deberán analizar cada una de las situaciones. Por ejemplo, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron luego de sus castigos, por lo que sus chances son nulas. Además, tal cual lo establece el nuevo Código, los magistrados deben evaluar la naturaleza del hecho, la pena que se espera y la imposibilidad de una condena en suspenso, factores que juegan en contra de varios acusados, ya que enfrentan graves delitos y, uno de ellos, en ejecución, como las desapariciones.
Otras modificaciones
La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal estableció que a partir de mañana empiece a funcionar la nueva normativa de manera parcial en todo el país. Las modificaciones que contempla son: mayor participación de las víctimas, el criterio de oportunidad para los fiscales y la posibilidad de conciliación. Las víctimas tendrás más derechos, ya que podrán intervenir en el procedimiento penal. A lo largo del proceso podrán ser informadas de los resultados, pedir medidas de protección y hasta examinar algún documento. Además, podrán apelar las decisiones si así lo quisieran. El trato digno, como el respeto por su intimidad, será garantizado a lo largo del recorrido judicial.
En segundo lugar, los fiscales podrán desestimar una causa apelando al criterio de oportunidad, lo que cierra un proceso si se considera que no hay gravedad suficiente que afecte al interés público o cuando la pena es una multa, entre otras. Ante tal decisión del fiscal, la víctima, como querellante, puede impulsar el proceso si así lo considera.
Por último, las víctimas y los acusados podrán llegar a un acuerdo en una conciliación. Esto sólo se puede dar en causas sin violencia o en delitos culposos sin lesiones graves. El trato debe ser presentado ante un juez, lo que significa el cierre de la causa. Sin embargo, si no se cumple el procedimiento judicial se puede reabrir.
Víctimas
234
Son las víctimas que tiene el tercer magajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Al inicio del proceso, las partes habían ofrecido 630 testigos.
Causas
La causa que tiene en la mira al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello se encuentra dentro de este tercer capítulo del megajuicio. Otras de las más importantes son las llamadas «Policías», «Farías» e «Instructores».
