Después de que se desatara el escándalo con el entonces intendente de Angaco José Castro, por el presunto uso de maquinaria municipal en un terreno situado en Chimbas y de trabajadores municipales en una obra privada, la fiscal que entiende en la causa penal solicitó la detención del imputado, sospechado de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes como funcionario público y abuso de autoridad.
Según confirmó la misma representante del Ministerio Público, Claudia Salica, le solicitó al juez Benedicto Correa del Quinto Juzgado de Instrucción que el ex mandatario angaquero fuera tras las rejas, como medida preventiva, mientras la investigación judicial se desarrolla en torno al cumplimiento de sus funciones al frente de la intendencia.
El caso estalló en octubre, cuando el Concejo Deliberante lo denunció y acusó de forma unánime en comisaría por uso indebido de máquinas y operarios del municipio en una obra ubicada a cientos kilómetros del departamento. La exposición fue impulsada por el concejal José Risueño, jefe comunal del PJ, quien aseguró que constató personalmente el hecho.
Los ediles decidieron suspender a Castro de su cargo, pero al día siguiente el Juzgado Contencioso Administrativo le dio la razón al jefe comunal tras una medida de amparo que presentó y lo restituyó, en medio de un largo historial de polémicas entre el Ejecutivo y el Concejo.
“El camino era el correcto, ahora si la Justicia no lo entiende así y se demora en denuncias como la del combustible y para colmo que se pierden dos años, igual con la del secadero que no pasó absolutamente nada, entonces los concejales tendríamos que cerrar el Concejo porque vemos que no hay forma de controlarlo al intendente si la Justicia actúa de esa forma”, había manifestado Risueño luego de denunciarlo.
