Hombres vestidos con ropa de combate, camuflada o de cazador, chalecos con una enorme cantidad de municiones aferradas al pecho. Rifles de asalto, escudos de hierro y pancartas que concentran un solo reclamo: no al control de armas. Miles de activistas a favor de las armas se concentran este lunes en Richmond, Virginia, para una manifestación que tiene en vilo al estado, que declaró la emergencia porque se teme la violencia de grupos de extrema derecha.
Hay tensión en el ambiente y máxima alerta. A pesar de las temperaturas bajo cero, los manifestantes se aglutinan frente al edificio del Capitolio estatal para el llamado “Día del Lobby” organizado por la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia (VCDL), que se opone a las leyes de control de armas propuestas por los demócratas que controlan el gobierno de Virginia.
Creen que estas leyes son una violación de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “el derecho de las personas a tener y portar armas no debe infringirse”. Sin embargo, buena parte de la sociedad está convencida de que esta enmienda ya es obsoleta y que debe adaptarse a los nuevos tiempos en un país donde hay más matanzas en lugares públicos que en ningún otro.
Los defensores de las armas están en alerta porque temen que sus derechos sean recortados. Muchos de los manifestantes pertenecen a milicias armadas que se han organizado para llegar hasta Richmond. Algunos ven teorías conspirativas y dicen que el Gobierno quiere quitarles las armas y prohibirle comprar nuevas. Dicen que todo obedece a un plan para echar al presidente Donald Trump de la Casa Blanca.
En los últimos días, el FBI arrestó a seis supuestos miembros de la milicia neonazi The Base en Maryland, Delaware y Georgia. Sospechaban que tenían se preparaban para ir a Richmond para apoderarse de la manifestación “pacífica” en defensa de las armas.
Ante este escenario, el gobernador Ralph Northam declaró el estado de emergencia temporario en el estado por varios días y prohibió las armas en los alrededores del Capitolio. La participación de milicias y grupos supremacistas blancos hizo crecer el temor a que estallaran violentos incidentes como los que sucedieron en Charlottesville, en 2017, cuando grupos neonazis se enfrentaron en las calles con contramanifestantes y un auto manejado por un supremacista atropelló a docenas, matando a una mujer.
La mayoría de los manifestantes son hombres blancos y lo que se escucha es que el gobierno busca prohibirles su derecho ancestral, mientras que los delitos se cometen con pistolas o fusiles robados. “A los que cumplimos las leyes nos quieren quitar las armas, pero no se dan cuenta de que los delitos con arma de fuego se cometen con armas robadas. A esos criminales no les importa si les dejan tener armas o no. Las compran de contrabando o las roban”, dice a ABC Jack Garland, un jubilado de 67 años. Sin embargo, la mayoría de las matanzas se cometen con armas compradas legalmente.
Los que más se acercaban al capitolio tuvieron que dejar sus armas, pero la mayoría –llevan stickers naranjas que dicen “las armas salvan vidas”- optó por quedarse con sus rifles un poco más lejos. La seguridad es muy fuerte. Se ven policías en los techos de los edificios y patrullas en automóviles y en bicicletas.
Entre varios políticos y activistas, del acto participan como oradores Stephen Willeford, el miembro de la Asociación Nacional del Rifle que detuvo a Devin Kelley, el asesino que mató a docenas de personas en una iglesia en Texas en 2017 y también a Antonia Okafor, fundadora y presidenta de EMPOWERED, un grupo para entrenar a mujeres jóvenes en el uso de las armas para protegerse en las universidades.
En las calles se ve mucho merchandising a favor de Trump, que enfrenta su reelección en noviembre y que es un importante aliado del lobby a favor de las armas. El presidente expresó su apoyo a los manifestantes el viernes en Twitter. “Eso es lo que sucede cuando votas por los demócratas: te quitarán las armas. Los republicanos ganarán Virginia en 2020. ¡Gracias, demócratas!”, escribió.
La Corte Suprema de la Nación dictaminó que las personas tienen derecho a tener armas de fuego en sus hogares, pero dejó que los estados determinen cómo se pueden transportar las armas. Virginia –Richmond era la capital de la Confederación pro-esclavitud– se ha inclinado tradicionalmente por los conservadores y era un estado muy proclive al uso de armas. Pero el gobierno estatal pasó en noviembre pasado a manos demócratas, que prometieron mayores controles.
Las leyes propuestas prohibirán los cargadores con más de 10 rondas de municiones, la compra de más de un arma por mes, y permitirían a los jueces confiscar armas de individuos considerados peligrosos. Sin embargo, se abandonó un proyecto de prohibición de la venta de fusiles semiautomáticos.
La propuesta legislativa encendió la furia en buena parte de los habitantes del estado y más de 100 condados y localidades se han declarado como santuarios de la Segunda Enmienda, amenazando con no aplicarlas.
Entre los manifestantes destacaba Brandon Lewis, que portaba un gigantesco rifle Barrett M82A1, de casi un metro y medio de largo, y que vestía un casco y un chaleco blindado. “Es para llamar la atención”, decía a los periodistas este hombre, propietario de un complejo de tiro en el estado de Nueva York. “Es un recordatorio a nuestros políticos que el gobierno es del pueblo y para el pueblo”.
“Las armas forman parte de nuestro estilo de vida”, señalaba a la agencia AP Marie March, que cree que con la nueva ley se le dará al gobierno luz verde para decidir sobre su arsenal particular. “Sentimos que necesitamos poner al gobierno en su lugar, obligarlo a retroceder”.
