Regresan a la ciudad a la que habían ido de vacaciones, la misma donde dos días después de haber llegado atacaron a Fernando Báez Sosa (18) y lo mataron a golpes. Pero para ellos será un viaje blindado. Arribarán desde el penal de Dolores en una unidad sellada, con apenas ventiluces respiraderos en los techos y una escolta de dos móviles de la Dirección de Operaciones Especiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Se prevé que, a las 8.30, los ocho rugbiers detenidos por el homicidio arriben al Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, donde participarán de una audiencia preliminar, previa al dictado de la prisión preventiva. Por primera vez, estarán ante el juez: ¿Pueden mejorar su situación? ¿Qué puede pasar en la audiencia?
El objetivo principal de esta audiencia preliminar, establecida por el artículo 168 bis del Código procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es que las partes desarrollen sus argumentos para que el juez defina si accede al pedido que llegó desde la fiscalía, en este caso, el dictado de las prisiones preventivas para los ocho.
Los acusados tienen derecho a hablar, con lo que el juez obtendría una primera impresión de ellos. Pero no más que eso, «su palabra en la audiencia no debería aportar demasiado», dijo una fuente del caso a este diario. Es que los rugbiers desde un primer momento se negaron a declarar. El expediente carga todo tipo de pericias, excepto sus voces post crimen; de momento, no se han defendido.
«Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión, el juez de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse con 48 horas de anticipación», dice el primer párrafo del artículo 168 bis.
Indica además que allí «serán oídos el fiscal, el particular damnificado si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la procedencia o improcedencia de la medida a dictarse».
El transporte partirá desde el penal más viejo de la provincia, en Riobamba 251, de Dolores, hacia el Juzgado de Garantías gesellino de Paseo 130 y Boulevard Silvio Gesell. El viaje demandará poco más de dos horas y la partida está prevista para las 6, dijeron fuentes del SPB. Las mismas fuentes se encargaron de aclarar que la custodia, dos móviles de la Dirección de Operaciones Especiales tiene que ver con el resguardo de los detenidos.
La audiencia que presidirá el juez David Mancinelli está anunciada para las 9. Estarán allí la fiscal Verónica Zamboni, para quien los imputados «tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando»; los abogados de los papás de Fernando, del estudio de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Germán Facio, que tienen algunas disidencias con su decisión de haber dejado en libertad a dos de los rugbiers, a Juan Pedro Guarino (19) y a Alejo Milanesi (20); entienden que al haber estado allí, en la escena, aun no siendo señalados entre quienes golpearon, «tuvieron participación».
Con los ocho rugbiers estará su abogado, Hugo Tomei, reticente a hablar con la prensa, pero que ha dejado trascender que su intención es pedir una morigeración, en caso de que finalmente Mancinelli la dicte, de la prisión preventiva, e irá por el arresto domiciliario.
Suele ocurrir, pero las decisiones de los jueces en este sentido se basan fundamentalmente de la pena en expectativa que comprende el delito que se les endilga. «No es lo mismo un hurto», explicó a Clarín una fuente del caso, «que un homicidio agravado (en este caso por ‘el concurso premeditado de dos o más personas’)», que contempla la pena de prisión perpetua.
«¿Usted enviaría a su casa a alguien para que espere el juicio donde lo pueden condenar a prisión perpetua?», respondió con una pregunta una fuente a este diario. Pero la decisión está en manos del juez David Mancinelli, que tiene plazo hasta el viernes para decidir si otorga o rechaza el planteo de Zamboni.
También es potestad de Mancinelli el futuro inmediato de Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), sindicados como «coautores», y de Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), «partícipes necesarios» del homicidio de Fernando.
El magistrado puede decidir que esperen el juicio oral en Dolores, donde finalmente se llevará adelante, o enviarlos a una prisión para adultos menores, de hasta 21 años, como la modelo de Campana, a 13 kilómetros de sus casas, en Zárate.
