Un agente de la Policía quedó muy complicado en una investigación interna y otra en la Justicia Penal, que podrían significarle el fin de su carrera: el jueves un juez ordenó detenerlo cuando se comprobó por cámaras de seguridad que había concretado al menos tres compras de combustible pagadas con la plata que un colega tiene en una cuenta virtual, dijeron fuentes policiales y oficiales.
Luego de quedar vinculado al proceso como sospechoso el efectivo en cuestión, identificado por su apellido, Durán (último destino en la Unidad Operativa Mogote, en Chimbas) fue liberado, porque el delito que le imputan, estafa, es excarcelable, precisaron.
Según voceros, Durán había conseguido los datos de su colega en Mercado Pago cuando compartieron patrullajes (el otro policía ahora trabaja en Rawson). Y así se las ingenió para hacer, vía electrónica, compras de combustible en una estación de servicio (se habla de cargas que rondaron los $1.000). Luego llamaba por teléfono para desconocer las operaciones.
Así, el que se veía perjudicado era el local comercial, cuyos responsables lo primero que hicieron fue llamar al titular de la cuenta en «Mercado Pago», para pedirle explicaciones.
Sin embargo ese agente desconocía la situación y entonces el caso fue denunciado en la Central de Policía. Cuando se motorizó la investigación desde el Primer Juzgado de Instrucción, por ahora subrogado por el juez Guillermo Adárvez, se comenzó a buscar el rastro del verdadero responsable.
Y fueron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la propia estación de servicio, las que revelaron que el comprador de combustible no era el titular de la cuenta sino otro policía.
Desde entonces todos fueron problemas para ese efectivo, porque además de la causa penal la Jefatura de Policía se ordenó una suspensión preventiva en sus funciones lo que, en la práctica, implica quedar sin arma y sin credencial.
A la par, la Subsecretaría de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública que dirige Eduardo Gallastegui, inició formalmente un sumario administrativo para evaluar si cabe o no aplicarle sanciones luego de una investigación interna.
