A algo más de una semana de haberse habilitado las ventas telefónicas y por internet para los comerciantes sanjuaninos, la Policía lleva clausurados 27 negocios. El motivo es que abrieron sus puertas y atendieron público, que es justamente lo que está terminantemente prohibido en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Todo lo contrario pasó con el uso del tapabocas, ya que el nivel de cumplimiento es casi total.
Los datos fueron dados a conocer por el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, y se refieren a 2 medidas que son exigidas por los protocolos sanitarios que ha puesto en práctica el Gobierno local para contener el avance de la pandemia del COVID-19.
Según el funcionario, las clausuras de comercios han sido 27 y en todos los casos se debió a que incumplieron la prohibición de atender público en forma personalizada. La mayoría ocurrió en los departamentos Capital, Rawson y Santa Lucía, que son 3 de los distritos con mayor presencia de locales.
El comercio fue una de las actividades habilitadas a trabajar desde la semana pasada dentro de la cuarentena administrada, pero se debe vender únicamente por teléfono y plataformas web y la mercadería se entrega en el domicilio del comprador, para evitar contactos cercanos que alienten la propagación del virus.
Algunos no se ajustaron a esas modalidades. Munisaga contó que, más allá de los negocios que se cerraron por obligar al personal a trabajar a escondidas (todos dedicados al rubro textil), los clausurados abrieron sus puertas y quedaron en evidencia por denuncias de vecinos o por las rondas que hace la Policía para controlar.
Los comerciantes en falta fueron castigados con las multas que contempla el Código de Faltas para quienes no respetan la cuarentena. Por imperio del artículo 162, deben pagar hasta $150.000 y esperar a que el juez los habilite antes de volver a trabajar.
El tapabocas, en cambio, no ha traído mayores dolores de cabeza. La protección para boca y nariz es obligatoria en San Juan desde hace un par de semanas en espacios cerrados que tengan atención al público y en el transporte de pasajeros. La disposición de la gestión uñaquista es para particulares y debe ser exigida por los propietarios de los locales y los encargados de las reparticiones estatales.
Munisaga aseguró que no han labrado actas de infracción por ausencia del barbijo o tapabocas, porque “la gran mayoría lo usa”. Sí se han encontrado con algunos que no lo tenían puesto, dijo, y bastó con pedirles que lo hicieran.
La protección no es una imposición para la vía pública o los espacios abiertos. Igual en San Juan es cada vez más común ver que la gente anda por la calle con tapabocas.
