Con la excusa del coronavirus y gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria.
La liberación de presos generó un rechazo generalizado de la sociedad y en redes sociales ya convocaron a un cacerolazo nacional para mañana, jueves, a las 18. Mientras tanto, continúa aumentando la cantidad de personas que reciben permisos especiales para salir de sus calabozos.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
A la par, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.
Mientras tanto, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, 320 detenidos dejaron los penales bajo distintos tipos de modalidades, la mayoría de ellos en arresto domiciliario.
Si bien no existe un registro unificado, al sumar los casos relevados por este medio se concluye que con la excusa del COVID-19 salieron de la cárcel 1.700 presos. Y hay otros 1.300 que esperan un beneficio similar.
El Servicio Penitenciario Bonaerense había mensurado su población vulnerable al coronavirus al comienzo de la pandemia: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa. Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. En los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.
Esas nóminas fueron confeccionadas inicialmentemente en el marco del hábeas corpus colectivo que presentaron las 19 defensorías generales de la Nación. En esa mesa de negociación participó el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que impulsó la liberación de presos, según reconoció el juez de Casación bonaerense Víctor Violini en una sentencia.
Sin embargo, hubo planteos particulares anteriores, como fue el caso del violador Pedro Olmos, que consiguió un arresto domiciliario –relatado por Infobae– a metros de donde vive su víctima, y que no formaron parte de ese pedido colectivo. Tanto esa decisión como la de Casación bonaerense para flexibilizar las detenciones en la provincia fueron apeladas por el fiscal Carlos Altuve ante la Suprema Corte bonaerense. Todavía no se concedió el recurso; mientras tanto, los presos siguen pidiendo salir.
El Servicio Penitenciario Federal
Los pedidos de detenidos por el coronavirus fueron hechos en todos los ámbitos judiciales. Los presos por causas de corrupción, secuestros, drogas o lesa humanidad, arrestados en cárceles del SPF, fueron a los tribunales federales. Allí la Cámara de Casación Federal había bajado lineamientos restrictivos para que se habiliten las prisiones domiciliarias, con mecanismos de control y monitoreo, para un grupo de detenidos en el marco de la pandemia por el coronavirus. En ese grupo incluyó a los detenidos por delitos leves o “no violentos”, a las mujeres embarazadas o con niños, a los que estén a punto de tener salidas transitorias y a los mayores de 60 años con riesgos de salud. También sumó a los detenidos por delitos graves, aunque se recomendó evaluar la situación “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”.
En las cárceles federales, la realidad también es distinta a la que se vive en los penales bonaerenses. En el escenario de coronavirus, el Servicio Penitenciario Federal dejó de tener sobrepoblación y hasta tiene algunas plazas disponibles.
Uno de los casos emblemáticos de la Justicia Federal es el de Amado Boudou. El ex vicepresidente fue considerado un paciente de riesgo y fue beneficiado con domiciliaria. El magistrado que intervino en ese caso hoy volvió a tomar una decisión polémica que tuvo como protagonista a un represor que ofició de partero en la ESMA.
La Secretaría de Derechos Humanos intentó también incluir a Ricardo Jaime en el grupo de los reclusos que recuperaron su libertad. Sin embargo, la Sala III de Casación se opuso al planteo. Pese a ello, el presidente Alberto Fernández respaldó al funcionario que intentó ayudar al ex secretario de Transporte kirchnerista.
Las cárceles bonaerenses
En el Servicio Penitenciario bonaerense, sin embargo, a principio de año la cantidad de presos duplicaba su capacidad. Por eso los planteos llovieron en los tribunales provinciales, donde se juzgan casos de delitos comunes: homicidios, robos, lesiones o violencia de género. Fue en ese marco que se activó la presentación de las 19 defensorías generales, se hizo una mesa de diálogo en donde participó el fiscal Altuve y también representantes del Ministerio de Justicia y de Seguridad. Y se activó la salida de más detenidos.
“No otorgo domiciliarias a delitos graves», dijo el juez de Casación bonaerense, Víctor Violini, que hizo lugar al hábeas corpus colectivo y abrió la puerta para la salida a la calle de 2.300 delincuentes. Justificó la concesión del arresto domiciliario al violador Olmos al señalar que la defensora planteaba que estaba postrado, con más de 65 años y alojado en una comisaría, con lo cual no tenía ninguna atención sanitaria. Pero afirmó que no debió haber ocurrido que fuera a vivir al lado de su víctima.
Según remarcó, los listados de los presos “en riesgo” fueron confeccionados por las autoridades de Justicia provincial y se aclaró que se les daba el arresto domiciliario a aquellos que estaban presos “por delitos leves, no los delitos graves”. “Es decir si el delito se cometió con violencia, si era de índole sexual o de género o algún tipo de peligro extra, en donde no tenía armas pero lastimó a alguien para cometerlo, tampoco se le concedió”. Además remarcó que fueron los jueces que tenían a disposición a esos detenidos los que debían verificar las condiciones para que ese beneficio se pudiera aplicar.
“Yo soy juez y tengo que cuidar la vida –afirmó a radio La Red–. En las cárceles bonaerenses hay lugar para 24 mil presos y hay 50 mil detenidos. Si la pandemia ingresa a las cárceles, ¿sabe cuánto tarda en infectar a todos los presos? Entre un mes y dos meses”.
El protagonismo del juez Violini, único miembro de la Sala de Casación que integra (es decir, único voto de la misma), comenzó a surgir el 30 de marzo pasado, cuando permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvieran celulares en los penales provinciales. También les otorgó ese beneficio a quienes están alojados en las comisarías.
Cinco días después de aquella decisión, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata. Moreno, al igual que los miles de reclusos que integran el SPB, había conseguido tener acceso a un celular tras el fallo de Violini.
Infobae
