Una nota de opinión del domingo de este medio, en la que, en base a información, se publicó que el sueldo del presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Jorge Rivera Prudencio, ascendía a poco más de 500 mil pesos a septiembre de 2019, es decir, sin las posibles actualizaciones del transcurso de este año, resultó un disparador. Es que tal remuneración, muy por encima de la del propio Gobernador, llamó la atención de los diputados Marcelo Mallea y Miguel Sánchez, del Bloque del Este, quienes presentaron ayer un proyecto de comunicación en el que le piden a la repartición un informe sobre los recursos destinados a salarios y qué porcentaje rEPREsentan del presupuesto, además de una comparación con respecto a lo invertido en gestión. El primero de los legisladores destacó que, «de acuerdo a lo publicado, se trata de una remuneración muy alta, teniendo en cuenta, sobre todo, la situación actual de pandemia». Por eso, Mallea indicó que también se pidió que se dé a conocer el mecanismo utilizado para fijar las remuneraciones del titular del organismo y del Directorio.
La iniciativa ya cuenta con el apoyo de la oposición. El diputado del Pro, Enzo Cornejo, señaló que «hablar de sueldos de medio millón de pesos, cuando la pobreza en el país aumentó cinco puntos, es pensar que quienes forman parte del EPRE viven un mundo diferente al de nuestro país» y que la entidad «no acompaña la realidad de los sanjuaninos». Por su parte, Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo, manifestó que acompañarán el proyecto, dado que se trata de una herramienta que hace a la transparencia de las gestiones de gobierno y para ejercer un control, además de resaltar que «es excesivo» un salario de ese tipo, «en el caso de que se confirme ese valor».
Mallea, de Angaco, conquistó su banca de la mano del Frente San Juan Primero y con Sánchez, de San Martín, que se separó de Producción y Trabajo, armaron la bancada que juega con el oficialismo. En ese marco, será clave la postura del Frente de Todos, que tiene mayoría, debido a que determinará si la iniciativa avanza o queda en el camino.
No es la primera vez que el EPRE queda bajo la lupa de funcionarios de otras áreas. El diputado nacional Walberto Allende ha manifestado sus dudas y ha pedido una definición del Tribunal de Cuentas sobre si es legal o no que el ente utilice los fondos PIEDE y de la Línea de 500 para financiar un concurso de anteproyectos para la construcción de oficinas, cocheras y depósito, dado que dichas partidas tendrían asignaciones específicas para obras de infraestructura eléctrica. Inclusive, el legislador había dicho que llevar adelante tal edificación era «totalmente inoportuna» en el escenario actual. Luego, desde el EPRE decidieron suspender el concurso.
Fuente: Diario de Cuyo
