La gestión uñaquista impulsó una rápida movida para expropiar los terrenos de la llamada Estancia Manantiales para que sean declarados Área Protegida. El objetivo provincial es proteger ambientalmente la zona y organizar, de manera sustentable, las actividades productivas que se desarrollan y puedan efectuarse en el futuro. Así, el Ejecutivo busca adelantarse al proyecto de ley encarado por legisladores nacionales que apunta a establecer a Manantiales como Reserva Natural de la Defensa, una categoría que prohíbe «la explotación agropecuaria», «la instalación de todo tipo de industria, sea o no contaminante» y «la exploración minera», entre otros puntos. Tal iniciativa será tratada mañana en la Cámara de Diputados de la Nación, ante la que pobladores calingastinos y el propio Gobierno local se han opuesto porque afecta la actividad económica de unas 400 familias, además de comprometer el desarrollo del turismo, la agricultura, la ganadería y la minería. Si esta embestida llegase a prosperar, fuentes oficiales no descartaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante lo que sería un atropello contra el manejo y la administración de los recursos de la provincia.
Hasta el propio Sergio Uñac manifestó que «el Gobierno defenderá los intereses de los sanjuaninos. Esa es nuestra obligación y compromiso». No obstante, en el Ejecutivo creen que la disputa no compromete los vínculos políticos con el oficialismo nacional. El avance del proyecto sí generó malestar interno, dado que uno de los diputados que firmó el dictamen fue José Luis Gioja. Además, la idea tuvo su génesis en el Ministerio de Defensa de la Nación, en el que Daniela Castro (exlegisladora pegada al giojismo) es secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. De hecho, el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, salió con duras críticas hacia ambos (ver recuadro).
Sucede que en Manantiales hay pobladores que viven de la ganadería, la agricultura y el turismo. Sobre este punto, el cerro Mercedario, el pico más alto de la provincia, se encuentra en dicha zona (ver infografía), además que en otros sectores de las casi 383 mil hectáreas hay concesiones mineras. El proyecto de Reserva Natural de la Defensa obedece a que se trata de predios asignados al Ministerio de Defensa, como Manantiales, en los que se busca «conservar y mantener la biodiversidad». Sin embargo, tiene un régimen prohibitivo sobre la flora, la fauna y «los asentamientos humanos, sean permanentes o no».
El proyecto nacional tuvo el visto bueno de tres comisiones, por lo que será tratado mañana en Diputados y, para que sea ley, tiene que ser aprobado, luego, por el Senado. Ante ese panorama, desde el Gobierno local enviaron dos iniciativas que ya ingresaron a la Legislatura. La primera es para expropiar Manantiales, ya que se trata de un bien de dominio público nacional, con asignación al Ministerio de Defensa. Entre los fundamentos oficiales se señala que la Constitución nacional, en su artículo 124, dispone que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». En ese marco, la carta magna local, en su artículo 113, establece que el Estado nacional no podrá disponer sobre los recursos de la provincia, sin un acuerdo previo. De ahí la necesidad de la expropiación. La segunda iniciativa es para declararla Área Protegida, con el fin de proteger la diversidad biológica, además de fomentar el desarrollo sustentable de actividades de investigación científica, deportivas y recreativas, comerciales y productivas, sociales, culturales y turísticas.
Fuente: Diario de Cuyo
