Las principales economías del mundo acordaron la implementación de un impuesto mínimo global del 15% a las grandes corporaciones. El por qué de la medida, cómo se implementará y cuáles son sus límites, en esta nota.
ste sábado se llegó a un acuerdo histórico para el sistema internacional de impuestos. La decisión del G7 podría ser el comienzo de un proceso de actualización para un sistema tributario obsoleto, y fijar las bases para una nueva fiscalidad global.
El G7 agrupa a las principales economías del mundo: Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. En la reunión de los ministros de Finanzas de estos países se acordó la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones.
El ministro británico fue el encargado de confirmar el pacto: “Tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global para que se ajuste a la era digital global”, dijo Rishi Sunak a la BBC.
Los impuestos que no pagan las Big Tech
La medida apunta principalmente hacia las grandes multinacionales tecnológicas: Apple, Amazon, Google y Facebook. El impuesto se extenderá hacia los ingresos de fuentes intangibles, como software, publicidad, entretenimiento, comercio electrónico, patentes de medicamentos y los derechos de propiedad intelectual.
En el marco de un crecimiento exponencial de la economía digital, las compañías establecieron mecanismos para evitar el pago de los impuestos correspondientes en los países donde desarrollan sus operaciones. Esto se debe a que los Estados no cuentan con las herramientas necesarias para obligar a las firmas a cumplir con sus obligaciones tributarias, ya que las legislaciones vigentes quedaron obsoletas frente al avance de la tecnología.
Las Big Tech evaden el pago de impuestos de una forma bastante simple. Bajo las normativas actuales, las empresas globales pueden elegir en qué país pagar sus impuestos. De esta forma, eligen tributar en Estados que ofrezcan condiciones fiscales ventajosas, en lugar de hacerlo en los países donde efectivamente se realizan sus ventas.
Este esquema favorece un proceso conocido como “dumping fiscal”: una competencia entre países para atraer a las multinacionales para que establezcan residencia en su territorio. Esto consiste en una “carrera a la baja de 30 años en las tasas de impuestos a las empresas”, según la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Básicamente, los países compiten entre ellos por ver quién ofrece menos presión impositiva.
Más gasto, más impuestos
La finalidad del acuerdo, que será refrendado durante el próximo fin de semana durante la cumbre de líderes del G7, es fortalecer la recaudación de los Estados. Actualmente, si un Gobierno decide elevar el impuesto a las sociedades corre el riesgo que las empresas decidan mudar su residencia a un paraíso fiscal.
Sin ir más lejos, las principales compañías argentinas tienen su residencia fiscal fuera del país. El poderoso Grupo Techint (propietario de Tecpetrol, Tenaris, entre otras) tiene domicilio en Luxemburgo. Mercado Libre, por su parte, está radicada en Delaware, el paraíso fiscal de Estados Unidos.
Bajo esta realidad, los Estados pierden una importante cantidad de dinero. La revisión de este esquema toma notoriedad y urgencia en el contexto de pandemia. La llegada del coronavirus y las medidas de confinamiento llevaron a los gobiernos de todo el mundo a incrementar fuertemente su gasto público para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria en las economías. Su consecuencia es el aumento exponencial del endeudamiento de las naciones.
El nuevo impuesto global se aplicaría sobre las ganancias en el extranjero. Los gobiernos fijarían su tasa impositiva como ocurre en la actualidad. Pero, si una compañía paga una tasa inferior en otro país, el gobierno de origen podría “completar” sus impuestos hasta el mínimo del 15%. Por ejemplo, si una empresa paga en Irlanda un 7%, Argentina podría recaudar el 8% restante hasta llegar al mínimo internacional. De esta forma se eliminaría la ventaja de trasladar los beneficios hacia otro país.
Un piso demasiado bajo
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, celebró el acuerdo en Twitter: “Un paso positivo para atacar la elusión impositiva de las multinacionales que debilita a los Estados Nación y atenta contra el desarrollo de los pueblos. Celebramos el compromiso del G-7. Pero cuidado: la tasa mínima probablemente también será la tasa máxima. Y 15% es muy poco”. De hecho, la propuesta original del Tesoro norteamericano fue establecer una tasa del 21%.
Por su parte, la directora ejecutiva de la ONG humanitaria Oxfam, Gabriela Bucher, calificó de “absurdo que el G7 afirme que está revisando un sistema tributario global quebrado, mientras establece una tasa similar a la que cobran paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur”.
Las negociaciones sobre la implementación del impuesto se desarrollarán dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que reúne a las 38 economías de mercado más importantes del mundo. Esto llevará tiempo y deberá resolver cuestiones clave para la implementación real del impuesto.
En principio, deberá determinarse si estarán alcanzados los grandes fondos de inversión internacionales, que manejan miles de millones de dólares y poseen activos financieros, inmobiliarios y reales en casi todos los países del mundo. Actualmente, operan con un esquema similar al de las grandes tecnológicas. También deberán resolverse cuestiones operativas como la compatibilidad de la tasa con las legislaciones nacionales y cuándo comenzará a aplicarse el impuesto.
Es importante recordar que anuncios similares ya ocurrieron luego de la crisis financiera de 2009. Sin embargo, no hubo avances reales. Hoy, la llegada de la pandemia ensanchó las desigualdades económicas y sociales: mientras unas pocas grandes compañías se vieron beneficiadas por el coronavirus, millones de personas cayeron en la pobreza en todo el mundo.
Comenzar a cobrar impuestos a las multinacionales luego de años de vacío legal es un acto de justicia. Está por verse si la tasa del 15% es suficiente, y si el dinero recaudado se destinará efectivamente a atacar las desigualdades sociales, como fue prometido.
