Tras el anuncio, la familia de Fernando Reinoso, el alumno de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que murió producto de una descarga eléctrica, se fundió en un fuerte abrazo en el que no faltaron las lágrimas, las que sirvieron de desahogo. Es que, transcurrieron poco más de once años para obtener una respuesta judicial por el fallecimiento. Segundos antes, el Tribunal Oral Federal (TOF), había encontrado culpables al exdecano de la Facultad de Ingeniería, Oscar Nasisi, al exsecretario de esa unidad académica, Alfredo Daroni, y al exsecretario de Obras de la UNSJ, Joaquín Roso, del delito de homicidio culposo. Los dos primeros fueron condenados con tres años de cárcel en suspenso, mientras que el tercero fue castigado con dos años y medio de prisión condicional. A su vez, Guillermo Coto, otro exsecretario de Obras, resultó absuelto. El fallo fue en línea con el pedido del fiscal Federal Francisco Maldonado y, si bien no fue lo que había solicitado la querella, Diego Reinoso, abogado y hermano de la víctima, se mostró conforme, ya que dijo que «queríamos que se condene y que quede impune». Por otro lado, los defensores de los condenados confirmaron que apelarán el fallo ante la Cámara de Casación Penal, mientras que Reinoso dijo que la querella lo analizará.
En los alegatos, la querella había ido por un delito más duro, el de homicidio con dolo eventual. Esto es, que los cuatro imputados tenían pleno conocimiento de que las fallas eléctricas del Departamento de Agrimensura de la UNSJ podían matar a alguien y, en cambio, no hicieron nada para evitarlo. Sobre ese planteo, Reinoso sostuvo que «sabíamos que era complicado acreditar y probar la intención que tuvieron en su actuación» y, por eso, destacó su conformidad con la resolución judicial. Por su parte, el fiscal había sostenido que tanto Nasisi, en su rol de decano, y Daroni, como funcionario de Ingeniería, tuvieron pleno conocimiento del grave estado del edificio de Agrimensura y, pese a ello, «hicieron caso omiso para que sea reparado». En el caso de Roso, como secretario de Obras de la UNSJ, durante siete años tuvo a cargo las instalaciones de toda la UNSJ y no llevó adelante las refacciones necesarias. Por esa situación, había solicitado fuertes penas para los imputados, castigos más cercanos al máximo de lo que establece el Código Penal para el delito por el que las autoridades universitarias fueron investigadas. El homicidio culposo contempla penas de prisión «de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte». Maldonado había solicitado tres años para Nasisi y Daroni; y dos años y medio para Roso, lo que fue ratificado por los jueces del TOF. Un punto clave para aplicar el castigo es que hubo un informe del jefe de Departamento de Agrimensura, Hernán Alvis Rojas, que alertó a las autoridades de Ingeniería sobre las fallas eléctricas y la urgente necesidad para que sean reparadas.
En la sentencia hubo una disidencia entre el pedido de fiscalía y el veredicto en la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Maldonado había solicitado siete años, mientras que los magistrados fijaron cinco, lo mínimo que establece el Código Penal. Los fundamentos de la condena por homicidio culposo y la inhabilitación se darán a conocer dentro de 40 días. Según indicaron las fuentes, ese plazo quedó establecido por el tiempo que duró el debate, más de seis meses desde que comenzó en noviembre pasado.
Fuente: Diario de Cuyo
