El decreto vallisto que indica al personal de planta permanente, política y contratados, como así también a beneficiarios de programas de empleo, que se deben vacunar contra el covid-19 como «requisito excluyente» cayó mal en las autoridades provinciales. Sin embargo, el intendente de la comuna, Omar Ortíz, desafió las críticas y mandó a «hacer las presentaciones correspondientes» a quienes entiendan que la medida es anticonstitucional.
«Apuntamos a tener una población sana. Si creen que es anticonstitucional, que hagan las presentaciones correspondientes. Si hay que cambiarlo, se cambiará. Hay tiempo para cambiar o dar marcha atrás», dijo Ortíz en diálogo con Radio Sarmiento.
El intendente dijo que no «se le impide asistir a trabajar» a quien no esté inoculado. Sin embargo, aclaró que quienes no se hayan vacunado deberán hacer una presentación dando los motivos y después de un análisis se «tomará una determinación» sobre que tareas realizará.
«Lo único que buscamos es que el empleado y sus compañeros puedan estar tranquilos. No vamos a descontar el día, pero estamos haciendo todo lo posible para que aumente el porcentaje de vacunados», afirmó.
La polémica
El decreto de Ortiz está destinado a los agentes de planta permanente, política y transitoria, personal contratado y becados. Pero, además, están incluidos los beneficiarios de programas nacionales y provinciales tales como «Argentina hace 1 y 2» (construcción de veredas y alumbrado público), beneficiarios de programas de la Oficina de Empleo y de la Dirección de Producción, y para mayores de 18 años que quieran pedir el carnet fitosanitario y permiso de pesca.
El problema, según explicaron fuentes oficiales, es que el decreto ataca derechos establecidos en la Constitución Nacional como el de libre determinación, en este caso la posibilidad de vacunarse o no. En otras palabras el jefe comunal puede prohibir a sus empleados que vayan a trabajar si no están vacunados, pero no puede obligarlos. Y a aquellos que no lo quieran hacer no los puede sancionar ni aplicar ningún descuento en sus sueldos si no concurren a cumplir sus tareas. Incluso puede disponer que algunas actividades se puedan hacer en forma remota. Lo mismo con los beneficiarios de planes de empleo o quienes quieran tramitar un permiso. El municipio debe disponer canales para que esos trámites se puedan hacer en forma virtual.
