La provincia recibió un duro revés judicial, debido a que funcionarios no siguieron las indicaciones de profesionales médicos con respecto a la lesión que había sufrido una trabajadora. La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, entendió que el Estado y la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) IAPSER fueron los responsables de las graves incapacidades físicas y psicológicas que sufrió una policía que tuvo un accidente camino a su lugar de trabajo. Para la magistrada, las autoridades públicas ignoraron las recomendaciones de especialistas y obligaron a la damnificada a volver a su puesto cuando no estaba en condiciones de hacerlo, mientras que en la ART no cumplieron con las prácticas médicas para su recuperación. Así, la agente tuvo complicaciones y fue diagnosticada con una incapacidad para la labor y función policial del 75 por ciento, por lo que se le dio pase a retiro obligatorio. Por las faltas, tanto la provincia como el IAPSER fueron condenadas a desembolsar 3.261.147 pesos, más intereses desde la fecha de la demanda hasta que la sentencia quede firme. En la actualidad, la cifra podría alcanzar los 10 millones de pesos.
La decisión judicial se dio a fines del mes pasado, pero salió a la luz esta semana, luego de que las partes fueran notificadas. Al tratarse de una resolución de primera instancia, los actores pueden apelar la resolución ante la Cámara y es casi un hecho que Fiscalía de Estado lo hará. La clave de la causa se dio porque, al producirse el accidente hacia el lugar de trabajo, la Policía le atribuyó al siniestro una naturaleza laboral, por lo que consideró que las lesiones sufridas fueron producidas «en servicio». Así, tuvo que afrontar la cobertura. El hecho se produjo en marzo de 2008, cuando la uniformada se dirigía al Centro de Operaciones Policiales. Luego de su retiro, la mujer planteó la demanda en 2016 (ver claves).
Según indicaron fuentes calificadas, tras el accidente, la agente fue diagnosticada por la Comisión Médica 26 con «síntoma meniscal de rodilla izquierda y politraumatismo de rodilla derecha», por lo que requirió diversas prestaciones médicas para recuperarse. Sin embargo, las autoridades policiales y el IAPSER no cumplieron con las recomendaciones dispuestas por los especialistas. Así, «de un simple traumatismo de rodillas, quedó totalmente incapacitada para la actividad laboral y la vida civil», se indicó en la demanda. Además, un punto clave fue que la Comisión Médica dispuso que la trabajadora «fuera ingresada al trabajo con recomendación de hacerlo con recalificación laboral (en otra área), aunque la enviaron a desempeñar las mismas funciones que prestaba antes del accidente». Dicha situación agravó su estado, al punto que «repercutió en otras partes del cuerpo, provocando daños en la columna vertebral y secuelas en el orden psíquico», según consta en la demanda.
Con las complicaciones laborales, la Policía solicitó una Junta Médica, la que arrojó «una incapacidad para la labor y función policial del 75 por ciento de carácter total y permanente», por lo que se dio su pase a retiro obligatorio. Tras la salida, la agente inició una demanda por daños y perjuicios y obtuvo la «reparación integral de los daños personales, materiales, morales y secuelas que repercuten en sus relaciones sociales».
Fuente: Nota de Diario de Cuyo
