El fiscal federal Ramiro González prepara lo que será la imputación contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el resto de las personas que participaron en la quinta de Olivos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio del año pasado durante la cuarentena más estricta y cuando estaban prohibidas las reuniones sociales por la pandemia del coronavirus.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal trabaja en ese dictamen que tiene previsto culminar esta semana tras el análisis de los informes que Casa Militar envió a la justicia sobre los ingresos y egresos de esa noche en la quinta de Olivos.
La imputación en una causa penal significa que el fiscal identifica a las personas involucradas en el caso y les informa de los hechos por los cuáles están siendo investigados. Con esa notificación los acusados pueden presentarse en la causa, designar abogados y hacer las presentaciones que quieran sobre la causa. Por ejemplo, dar una explicación sobre los hechos.
Cuando el fiscal González presente la imputación, Alberto Fernández podrá concretar lo que ya adelantó su abogado, Gregorio Dalbón. Pedirá una conciliación para hacer una donación de dinero al instituto Malbrán y de esa manera dar por cerrada la causa. La defensa entiende que no hubo delito en el festejo de cumpleaños pero que a pesar de eso el jefe de estado quiere hacer una reparación. La conciliación es una manera de cerrar un expediente judicial que está contemplada en la ley. El pedido debe ser aceptado por la Fiscalía y luego homologado por el juez, que en este caso es Sebastián Casanello.
La imputación se presentará con la descripción de la prueba del caso. La Fiscalía ya recibió los informe de Casa Militar sobre los ingresos y egresos de la quinta de Olivos de la noche del cumpleaños. Resta que Jefatura de Gabinete de Ministros le envíe si las personas que asistieron tenían permiso de circulación a través de la aplicación “Cuidar” que el gobierno nacional creo para los esenciales o quiénes debían salir de sus domicilios.
La acusación es por el artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
“El hecho no está controvertido. Hay una foto que nadie negó y un reconocimiento público del Presidente de la Nación de que eso ocurrió”, le dijo a este medio una fuente que trabaja en el caso. Con la imputación llegará el momento de la discusión de cómo resolver el caso. Y no todas las defensas del caso pueden coincidir.
En el festejo de cumpleaños participaron 11 personas: Fernández, Yañez, Stefanía Domínguez,Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham, todos amigos de la primera dama.
Excepto el jefe de estado, todos ya se presentaron en la causa y designaron abogados. Cuando lo hicieron el fiscal González les contestó que no estaban formalmente imputados pero que de todas formas por su derecho de defensa -al estar mencionados en la denuncia- ya podían ser parte de la causa judicial.
Una de las defensas ya hizo un pedido para que el caso quede se cierre. Mauricio D’Alessandro, abogado de Domínguez, pidió que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que impusieron la cuarentena, y por lo tanto la imposibilidad de que la gente se reúna, y solicitó el sobreseimiento de la mujer.
“Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos – más allá de su invalidez e inconstitucionalidad – buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19”, sostuvo el abogado en la presentación. El juez Casanello ya formó un expediente aparte con ese planteo para que todas las partes del caso -el fiscal y el resto de las defensas- opinen sobre el planteo.
