Quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175.000 a partir de septiembre no pagarán el impuesto. Además, e aguinaldo de diciembre quedará exento.
El Gobierno subió el piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias a $175.000. El decreto de necesidad y urgencia que oficializa la medida se publicó en la tarde del jueves en el Boletín Oficial.
De esta forma, aquellos trabajadores que, a partir de septiembre, perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil, no pagarán el impuesto. Gozarán, además de la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo de diciembre. La medida incrementa el piso de $150 mil y el umbral de $173 mil a $175 y $203 mil, respectivamente.
Además, se exime del pago del aguinaldo a los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil. Con la actualización, 1.267.000 personas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin pagar el impuesto, lo que permite mantener el universo de los beneficiados.
El Ministerio de Economía indicó que la medida apunta a «fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno» y «asegurar que durante 2021 no aumenten, consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, las personas alcanzadas este año por el tributo».
«La reforma de Ganancias llevada a cabo por el Gobierno nacional es sustentable y progresiva», destacó Economía. Indicó que «durante la administración de Juntos por el Cambio se duplicaron los trabajadores y trabajadoras alcanzados por este impuesto».
La Ley buscó volver a los niveles anteriores al período 2015-2019, y que 1,3 millones de trabajadores dejen de pagar el tributo, destacó. También permitió, según Economía, que sólo el 11% de los trabajadores registrados en relación de dependencia paguen el impuesto.
Por último, el mínimo no imponible del impuesto, todas las deducciones y las escalas volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.
