Luego de que el juez rechazara el pedido de probation para los 48 imputados y que los abogados defensores apelaran la resolución, la competencia judicial aún es materia de discusión.
El 11 de septiembre de 2020 una fiesta clandestina fue materia de discusión y polémica por el contexto en el que se produjo. La Policía irrumpió en una vivienda de Santa Lucía en donde se presume, había más de 70 asistentes de los cuales 48 resultaron detenidos.
En ese momento, la Justicia de San Juan había contemplado condenas de ejecución condicional para todos los que fueran sorprendidos en una fiesta clandestina, otorgando un carácter delictual severo a este tipo de infracciones.
Por otro lado, San Juan se encontraba atravesando un contexto complicado respecto de la pandemia. Días atrás se había desatado el brote de covid en Caucete que culminaría con la posterior circulación viral por lo que la Provincia recomendaba seguir al pie de las letras todas las medidas sanitarias.
Días después, comenzó el juicio contra los 48 imputados en el fuero de Flagrancia. El inusual escenario elegido para juzgar a semejante cantidad de personas fue el Cine Teatro Municipal de Capital.
Fueron varias jornadas hasta llegar al 23 de septiembre, fecha en la que el juez de Flagrancia, Eduardo Raed rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba efectuado por los abogados defensores y hacer lugar a lo solicitado por Fiscalía: condenas de cumplimiento condicional.
Tras el revés del juez, los abogados, solicitaron que se suspenda la audiencia hasta que la Cámara de Impugnaciones resuelva sobre el pedido de casación.
Es por eso que la audiencia de finalización se suspendió hasta tanto la cámara resolviera y de esa manera el procedimiento quedó frenado..
Ha pasado un año desde entonces y no hay precisiones sobre el futuro de la causa, existiendo un debate respecto de la competencia que debe intervenir en el caso.
“Ahora está en el Juzgado Federal. Hubo en fallo en Cámara de Casación que decretó que la competencia de esta investigación era el fuero federal y no el provincial. En Flagrancia quisieron resistir la competencia, es decir, querían seguir a cargo de la causa. En base a eso se le corrió vista al fuero federal, que todavía no ha resuelto”, explicó uno de los abogados defensores, Leonardo Villaba.
La defensa de los imputados sigue firme en su postura de que se les otorgue la probation y trabajos comunitarios y en caso de no recibir una respuesta favorable, ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fiscalía por su parte, mantiene su férrea posición de que a los 48 involucrados en la fiesta VIP se los lleve a juicio y se les aplique una condena de ejecución condicional.
A un año de la fiesta VIP, la causa sigue dilatándose aún más y existe el riesgo que vaya camino a la prescripción.
