El gobierno de Alberto Fernández oficializó este martes la suba del 12,11% en las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales a partir del 1° de diciembre próximo. De este modo la suba acumulada en el año llegará al 52,7% lo que se prevé quedará por encima de la inflación acumulada durante el mismo período.
Por medio de la Resolución 243/2021 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicada hoy en el Boletín Oficial, la mejora en lo haberes entró en vigencia e impacta en el bolsillo de 16,1 millones de personas entre jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.
El nuevo incremento alcanzará a más de 7,1 millones de jubilados y pensionados y a casi 9 millones de niños y adolescentes (4,4 millones mediante la Asignación Universal por Hijo, y 4,3 millones por las Asignaciones Familiares).
Con el nuevo reajuste trimestral, el haber mínimo será hasta febrero de 29.062 pesos y el haber máximo de 195.557 pesos. A su vez, las Asignaciones Universal por Hijo, familiares y por Embarazo aumentarán a 5.677 pesos.
Por otra parte, el salario familiar por hijo (y también la asignación para quienes están en el monotributo) será, dependiendo del ingreso total familiar, de 5677 pesos, 3828, 2314 y 1192 pesos. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80 por ciento del haber mínimo, pasará a ser de 23.249 pesos y la pensión por invalidez de 20.343 pesos.
El monto de la readecuación en los haberes ya había sido anunciado por el gobierno nacional luego de una reunión que encabezó el presidente Fernández en Casa Rosada junto a los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. En ese momento el Gobierno destacó que “con este aumento las prestaciones de la Seguridad Social logran un incremento anual por encima de la inflación”, pero eso recién en enero se sabrá cuánto aumentaron los precios durante 2021. Por ahora, la inflación acumulada en los últimos 12 meses suma 52,1 por ciento.
La evolución de los haberes se da a partir de la ley de movilidad previsional sancionada en 2020, que cambió la fórmula para calcular los incrementos. A partir de la norma, los ajustes no son en función de la inflación sino en base de la evolución de los salarios y de la recaudación de los impuestos con los cuales se financia la Seguridad Social. En el caso de los salarios, el indicador que se toma es el más alto al comparar la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo, y el Índice de Salarios que releva el Indec.
