Ambas viven en una pensión de Flores y corrían el riesgo de ser desalojadas por una deuda. La hija quedó con graves problemas de salud luego de padecer coronavirus.
El juez porteño Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “en forma inmediata” abone a una jubilada y a su hija, ambas con “graves problemas de salud” una suma suficiente para cubrir los costos y gastos de alquiler de una vivienda digna para su hospedaje.
La medida cautelar fue dictada a favor de S.M.R. y su hija B.A.R. de 23 años de edad, quienes comparten una cama matrimonial en una pensión en la calle Aranguren, en el barrio porteño de Flores, cuyo costo insume la casi totalidad de la jubilación mínima que cobra la madre más 7.000 pesos que recibe por el programa “Vivir en casa”.
El magistrado recordó que la joven quedó con problemas de salud luego de haberse contagio coronavirus en los últimos meses, lo que dificulta su acceso al mercado laboral: «Estamos ante un grupo familiar cuyas particulares circunstancias de salud sumado a sus escasos ingresos, tornan vulnerable su situación habitacional actual” ya que, por la deuda que tienen con el locador, corren el riesgo de ser desalojadas de la habitación que ocupan, en el lugar donde comparten baño y cocina con otros inquilinos.
«Se advierte que las escasas dimensiones de la habitación que ocupan, el insuficiente mobiliario y la circunstancia de que deben compartir el baño y la cocina con personas extrañas a su familia, configura una situación de hacinamiento” e impiden el “desarrollo de su vida íntima, social y de esparcimiento”, agregó Gallardo.
El juez destacó que el costo de la vivienda actual que las mujeres ocupan, el de los medicamentos que deben administrarse, el de la adquisición de los alimentos que conforman el plan nutricional que les fue indicado, y de los demás elementos de higiene y el de la vestimenta, “superan con creces los magros ingresos que percibe la señora R.”.
Gallardo justificó la medida cautelar porque “no se vislumbra ninguna respuesta satisfactoria, pronta, eficiente y eficaz de la Administración frente a la gravísima situación de emergencia habitacional y de extrema vulnerabilidad social padecida por la familia” que inició la acción de amparo.
