La cifra se da en el marco de los cinco años del femicidio de Micaela García, cuyo caso que fue bisagra en la creación e implementación de medidas tendientes a proteger a las mujeres y el colectivo LGTBQI+.
El femicidio de Micaela García, estudiante entrerriana de 21 años, marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. El 1 de abril de 2017 Micaela fue a bailar y cuando volvía a su casa dos hombres la subieron contra su voluntad a un auto. La violaron y la asesinaron.
“La Negra”, como la conocían, soñaba con una sociedad mejor y por eso era una fuerte activista en organizaciones sociales. Militaba en el Movimiento Evita y en “Ni Una Menos” de su ciudad, su fuerte compromiso la llevó a trabajar en los barrios más humildes.
Su caso llevó a la sanción, en diciembre de 2018, de la Ley 27.499, nombrada socialmente como “Ley Micaela”. La misma, establece la capacitación transversal, obligatoria y permanente en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
En este marco, San Juan adhirió mediante la sanción de la Ley Provincial N°2007 A, estableciendo además al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad, como autoridad de aplicación.
En ese sentido, nuestra provincia lleva más de 4.400 agentes quienes se formaron en la temática tanto de manera presencial como virtual. Además, gracias a un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la provincia ya dispone de una capacitación autogestionable online, disponible para todos los empleados estatales que así lo requieran, siendo a la fecha, más de 1.400 quienes optaron por esta vía.
Los agentes pueden ingresar al sitio web https://web.sanjuan.gob.ar/capacitacion donde deberán inscribirse para así recibir conocimientos teóricos y una práctica con cuestionario de evaluación.
De esta manera, el Gobierno de San Juan busca desnaturalizar ciertas situaciones, costumbres y comportamientos, garantizando igualdad de género y evitando todo tipo de violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBQI+.
El propósito es la intervención en los ámbitos laborales para que los servidores y servidoras públicos, además de funcionarios y funcionarias de los tres poderes, contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
El caso de Micaela permitió alzar la voz de las mujeres que a diario sufren situaciones de violencia de género, a través de este caso se logró el compromiso social de cada sector, apuntando a sensibilizar y profundizar la participación de todas y todos los actores sociales.
