Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, ese delito está «comprobado»; deberán primero aguardar los fundamentos, que se conocerán el próximo 9 de marzo.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola anunciaron, ni bien se conoció la condena para Cristina Kirchner y el resto de acusados en el juicio por la obra pública, anunciaron que apelarán la sentencia que condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta por administración fraudulenta, pero que la absolovió, al igual que al resto de los implicados, por el delito de asociación ilícita.
A través de un comunicado publicado en el sitio fiscales.gob.ar, los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron: «El estudio exhaustivo que hizo el equipo a nuestro cargo permitió exponer con claridad cómo funcionó el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país, en el que se avasallaron groseramente los principios de la contratación pública (igualdad de trato, competencia, concurrencia, publicidad y transparencia, entre otros) y que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas nocivas hasta el día de hoy».
En ese sentido, dijeron que el delito de asociación ilícita -«que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio»- «confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina» y al mismo tiempo, sostuvieron, «interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades».
«En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque», indicaron.
Tal como señalaron, deben aguardar los fundamentos de la sentencia, que se darán a conocer el próximo 9 de marzo. A partir de esa fecha, tendrán diez días para interponer recurso.
En el texto que publicaron los fiscales, calificaron la sentencia como «trascendental» y destacaron que «cumple con el objetivo de conocer la verdad real, restaurar la justicia, restablecer el equilibrio social e institucional violentado y recomponer el Estado de derecho, severamente dañado por los abusos, las arbitrariedades y los actos de corrupción cometidos en la contratación pública durante 12 años».
«Hoy la Justicia nos devuelve la esperanza de que la ciudadanía confíe en sus instituciones y en quienes las integran», subrayaron.
Sobre su actuación, dijeron que van a seguir trabajando «con el mismo compromiso» sin «renunciar» a sus «principios y convicciones». «Tampoco nos van a doblegar las presiones, amenazas u operaciones externas –de otros poderes del Estado o de cualquier persona– que estén en pugna con los valores que dan sustento a una república democrática, o con el juramento primordial de respetar la Constitución Nacional que prestamos al asumir nuestro cargo», advirtieron.
«Estamos convencidos de que el denodado esfuerzo que hemos realizado durante más de tres años y medio de debate oral y público ha permitido mostrarle a la sociedad un trabajo serio, responsable y objetivo, en el que se han respetado todos y cada uno de los derechos y garantías de los condenados», aseveraron.
Manifestaron también su deseo de que este caso «marque un antes y un después en materia de corrupción política».
«Hoy más que nunca, la sociedad tiene la tranquilidad de ver surgir una Justicia que no se deja amedrentar ni presionar, y que decide de manera imparcial, sin privilegios para nadie que cometa un delito grave contra el Estado», dijeron.
«La justicia prevaleció sobre la corrupción. Y esperemos que siga haciéndolo con la misma ejemplaridad en las instancias siguientes y en otros casos graves de corrupción, para traer orden y paz social», añadieron.
Y completaron: «La misión estará cumplida si, a partir de ahora, los valores éticos y de integridad se convierten en una guía para cada persona en la tarea que le toca. En especial, para quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos y de rendir cuentas de los actos de gobierno».
