Las autoridades indicaron que son al menos 150 familias que intentan sacar ventaja de los daños que causó el terremoto.
El Instituto Provincial de la Vivienda informó este lunes que no entregará viviendas a las nuevas familias o personas asentadas en la zona de calle Aberastain, entre Calle 15 y Calle 17, en el departamento Pocito, donde en este último tiempo se sumaron unas 150 familias.
Desde el IPV aclararon que solo serán beneficiarias aquellas familias que oportunamente fueron relevadas y censadas por el IPV, la Municipalidad de Pocito y el Ministerio de Desarrollo Humano.
Cabe recordar que los beneficiarios solo serán los propietarios de las viviendas que fueron destruidas por el terremoto hace dos años. En este sentido, la entrega de casas para los principales afectados se aproxima, pero al parecer y según informaron las autoridades, hay familias que se instalaron luego del terremoto, las cuales no fueron censadas y hoy reclaman una vivienda.
Desde el IPV explicaron que se detectó que en el padrón elaborado de personas sin viviendas en las inmediaciones se modificaron las cifras, con 150 familias que no formaron parte del primer censo, cuando apenas el terremoto había tenido lugar. Incluso aseguraron que algunas de esas personas que pretenden sacar tajada ni siquiera son de la provincia.
«Todas estas adjudicaciones responden exclusivamente a un padrón cerrado que el organismo estatal realizó oportunamente», sentenciaron.
Durante la mañana del 16 de enero, en esa zona de Pocito, más precisamente el asentamiento conocido como Villa Carmina ubicada en Calle 16 y Aberastain, las autoridades del IPV se hicieron presentes junto a personal policial para informarle la noticia a los residentes.
Luego de que las autoridades se retiraran, los vecinos que se encontraban muy molestos, luego de hablar con la brigada del IPV que se hizo presente y no tener solución. Además, dijeron que se sienten en situación vulnerable, ya que la policía los amenazó con llevárselos detenidos.
En la Villa Cormina viven más de 70 familias en condiciones precarias, son ranchos de barro, la mayoría sin baño ni agua potable. “Nosotros pedimos una solución, porque no tenemos donde ir” exclamaron los vecinos. “No queremos una carta de desalojo y que nos manden a la calle” les comentaron.
En la entrada de la villa, los vecinos organizaron un corte para pedir por una vivienda digna y según explicaron la policía, los corrió. Además, en el lugar se hizo presente el IPV.
Los vecinos se sintieron traicionados por el IPV, ya que según pudieron explicar una de las residentes de la Villa, Adriana Reyes, dijo que se había contactado con ellos y que hoy (lunes 16 de enero) iban a ser visitados con la finalidad de conversar y obtener una respuesta ante la posible solución.
Una de las preocupaciones de los habitantes es la proximidad del canal debido a que hay niños pequeños
Adriana contó que ella se levantó temprano para esperarlos y hablar con ellos, pero que cuando llegaron con la “posible solución” eran formularios en las cuales los residentes ponían sus datos para iniciar el trámite de desalojo.
Sin saberlo los habitantes del asentamiento estaban firmando sus desalojos de los asentamientos que probablemente sean erradicados.
A raíz de esto se generó un clima tenso de preocupación y enojo entre los vecinos las autoridades del IPV y la policía. No hubo ningún detenido, pero si comentaron que amenazaron a varios de ellos por “agitar” al tumulto.
