Con duros términos, los ministros de la Corte de Justicia sancionaron con una multa de poco más de 35 mil pesos al juez de Menores Jorge Toro por su actuación en un juicio por la violación a una menor. Los cortistas cuestionaron que el magistrado le imprimiera a las actuaciones un trámite ilegal, dado que, entre otros puntos, indagó al acusado en una etapa que no correspondía, por lo que prejuzgó y perdió la imparcialidad, ya que llegó a una condena. No sólo eso sino que también le criticaron la «reticencia» en brindarle protección a la víctima al no renovar la prohibición de alejamiento del acusado y la demora en el avance de la causa. Y también le apuntaron a dos fiscales que intervinieron, debido a que hicieron «presentaciones indebidas» en cuanto al procedimiento. Por eso, declararon la nulidad de una parte importante del proceso, apartaron a Toro del expediente y dispusieron la conformación de un nuevo tribunal de juicio, ordenaron mantener la detención del imputado e informaron al Fiscal General sobre el desempeño de los agentes del Ministerio Público, según consta en la resolución a la que accedió este medio.
No es el primer castigo contra un juez de Menores, ya que la Corte también había multado en agosto a María Julia Camus, del Juzgado Nº 2. Es más, el año pasado le habían llamado la atención a ambos (Ver recuadro).
El nuevo caso tuvo su origen en la denuncia que realizó el 6 de febrero de 2013 la madre de una niña de seis años, quien había sido víctima de un delito sexual. La jueza Camus investigó el hecho y declaró la responsabilidad penal provisoria de un joven de 16 años por abuso sexual simple. El fiscal Carlos Rodríguez pidió que la causa vaya a juicio y la magistrada lo hizo el 19 de octubre de 2015. En dicha etapa entró a actuar Toro, del Juzgado Nº 1, quien fijó el inicio del debate para el 3 de agosto de 2016. Pero ese día, el fiscal solicitó la declaración de la víctima en Cámara Gesell, medida que se llevó a cabo, por lo que se postergó el proceso. Tras ese paso, Rodríguez hizo un nuevo requerimiento de elevación a juicio, pero por un delito más grave: abuso sexual con acceso carnal. Toro le tomó al acusado una ampliación de indagatoria y le imputó dicha figura. Luego, otro fiscal, Adolfo Díaz, volvió a pedir que la causa vaya a juicio con la última acusación. Así, el debate se llevó a cabo y el magistrado condenó al joven (hoy mayor de edad) a cuatro años de cárcel. El agente del Ministerio Público apeló, ya que buscaba una pena mayor, y el expediente llegó a la Corte.
Pero el máximo tribunal ni siquiera entró a revisar ese punto, ya que, según consideró Humberto Medina Palá, el «proceso se encuentra plagado de irregularidades procesales». Cuestionó que Toro permitiera la formulación de dos requerimientos de elevación a juicio de más, que avalara la modificación (por parte de la acusación) de hechos más graves contra el imputado en «una etapa vedada» y que indagara al acusado «en una oportunidad no autorizada». Así, indicó que la ampliación de la acusación debió producirse en el debate. La ministra Adriana García Nieto agregó que le llamó la atención «la cantidad de veces que la madre de la menor debió suplicar protección y medidas efectivas para lograr el alejamiento del victimario», quien habría «violado las restricciones impuestas». Además, resaltó que el juez y los fiscales «no estuvieron a la altura de las circunstancias para desarrollar una investigación eficiente». Por su parte, Guillermo De Sanctis resaltó que el actuar de Toro «demuestra una preocupante desaprensión e impericia en la aplicación del derecho». También reprochó el retraso de la causa y «la omisión de practicar a su debido momento la Cámara Gesell a la menor, es decir, la prueba de las pruebas». Además, calificó de «inexplicable» la posición de los fiscales, «que hicieron caso omiso de las irregularidades procesales y, más aún, efectuaron presentaciones indebidas».
