Los peritos oficiales concluyeron que en las obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió para Santa Cruz durante los 12 años de gobierno kirchnerista hubo sobreprecios e irregularidades. Concretamente, se pagaron USD 170 millones de sobreprecios en cinco obras, según el análisis que hicieron los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que el viernes pasado entregaron al Tribunal Oral Federal 2 que juzga por esos hechos a 13 acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner.
Fuentes judiciales informaron que los peritos de la Fiscalía también detectaron sobreprecios y que los profesionales designados por la defensa de la ex mandataria lo desestimaron.
El análisis se hizo sobre cinco de las 51 obras públicas que se discuten en el juicio: tres tramos de la Ruta Nacional 3, un tramo de la Ruta Provincial N° 47 y otro de la Ruta Nacional N° 288. Las defensas de los acusados cuestionan el informe porque dicen que es parcial: consideran que se debieron analizar todas las obras objetadas en el caso.
El perito de la Corte, el ingeniero civil Eloy Bona, analizó las obras en distintos puntos. Concluyó que hubo sobreprecios: «Del estudio técnico efectuado por el suscripto surgen discrepancias significativas entre los montos tanto del presupuesto oficial como de los contratos asignados a las empresas y los valores determinados según el estudio pericial, habiendo una diferencia de precios de las 5 obras estudiadas de casi 170 millones de dólares con respecto al Presupuesto Oficial y de más de 198 millones de dólares con respecto a las ofertas ganadas por las empresas», desarrolló.
El ingeniero Roberto Panizza, perito del fiscal del juicio Diego Luciani, también concluyó que hubo sobreprecios por 173.500.497 de dólares en esas cinco obras.
La disidencia fue de la ingeniera Adriana Alperovich, perito de la defensa de Cristina Kirchner. «Se concluye que en todas las obras analizadas y para las cuales se recalcularon todos los precios unitarios se desprende que los precios de las ofertas a la fecha indicadas contienen precios que representan los precios de plaza», concluyó.
Una fuente judicial consultada por Infobae explicó que las diferencias entre las partes se deben a la metodología que usaron y los valores de mercado que tomaron para opinar sobre si hubo o no sobreprecios.
El peritaje tiene 522 páginas y mucha documental sobre cada una de las obras. Los proyectos fueron realizados por las empresas de Báez, principalmente «Austral Construcciones», pero también otras como «Kank y Costilla». Báez y Cristina Kichner están siendo juzgados junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz por las presuntas irregularidades en la obra.
Los peritos oficiales y de la Fiscalía también coincidieron en que las empresas de Báez no tenían la capacidad técnica para hacer las obras. «No se ha observado, no consta en la documental, que las empresas una vez adjudicadas las obras, hubieran presentado el Certificado de Capacidad de Contratacion (CUPO LIBRE) a la firma de la Contrata con la Administracion General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz; este certificado que se utiliza para cada obra indica el saldo de capacidad remanente a la fecha de emision del mismo por el Registro de Constructores de la Obra Pública», señalaron. Y agregaron que Báez «no alcanzó los objetivos y tampoco pudo cumplir con los plazos propuestos en su propio Plan de Trabajo y que le fueran aprobados en cada oportunidad que lo solicitó».
Por su parte, la perito de la defensa sostuvo que los incumplimientos «reflejan las modificaciones que obligadamente sufrió el proyecto» que no estaban «previstas en las etapas de proyecto» y que requieren «estudios y soluciones particulares en virtud de los hallazgos encontrados y que una vez definidas las soluciones dan lugar a lo que se denomina Modificación de Proyecto».
El peritaje estaba previsto que se presentara mañana, pero llegó al tribunal el viernes. Las defensas pidieron que esté listo antes de las indagatorias de los acusados que comenzarán el próximo lunes.
La participación del perito Bona está objetada. La defensa de Cristina Kichner lo recusó por enemistad manifiesta porque Eloy puso «me gusta» en su cuenta de la red social Twitter a comentarios y artículos periodísticos que criticaban a la ex mandataria. El pedido de apartamiento fue rechazado por el Tribunal Oral y actualmente se encuentra en la Cámara Federal de Casación Penal.
