Desde la Dirección de Hidráulica hicieron una denuncia penal por el presunto intento de estafa en una expropiación que se hizo décadas atrás en Zonda. Se trata del caso Bianchi, cuyos herederos se presentaron en 2013 para pedir el pago de un inmueble que ya había sido cancelado por el Estado hace 40 años. El reclamo se disparó gracias que el expediente original desapareció por arte de magia y lo que busca ahora el Gobierno es que se determine si alguien se lo llevó con la intención de ayudar a los expropiados a cobrar de nuevo. Aunque no es nombrado en la presentación judicial, un sumario administrativo reveló que el principal sospechoso es quien fue titular del organismo en la gestión anterior, Jorge Millón.
En el Gobierno sospechan que pudo haber una mano negra y que todo fue parte de una maniobra para favorecer a los herederos de Bianchi. De ahí que la denuncia penal indica, explicaron en la Justicia, que se debe investigar la presunta comisión de los delitos de defraudación contra el Estado y sustracción de documento público. Si bien contemplan penas que son excarcelables, si alguien es encontrado culpable no podría volver a ser funcionario o agente estatal.
Si el expediente hubiera estado en su lugar, el planteo de los herederos de Bianchi se habría caído de inmediato. Y la provincia nunca hubiera estado cerca de perder los $16 millones acordados.
Cuando el escándalo salió a la luz, Millón se defendió públicamente. Dijo que nunca quiso favorecer a nadie, que el expediente no se lo llevó a su casa sino que debe estar en un armario de su antiguo despacho y que tiene la conciencia tranquila.
El próximo paso oficial de Hidráulica es notificar formalmente a la Fiscalía de Estado de la denuncia, para que se constituya en parte querellante. En ese carácter, el organismo que defiende los intereses de la provincia podrá aportar prueba e instar a que la causa no se detenga.
