El juez Ortega ordenó investigar si los efectivos de la seccional 9na modificaron la escena del siniestro y dejaron al acusado manipular prueba. Procesó al efectivo y lo embargó en $300.000.
La noche del 11 de mayo pasado el agente Alejandro Guzmán (27) atropelló en su Fiat Tipo Easy a una familia entera en Caucete y provocó una gran desgracia: la pérdida del bebé de 36 semanas de gestación de la joven Emilce Guzmán (21), que luego del siniestro fue operada y ya no podrá tener más hijos, dijeron fuentes judiciales. Esa noche, la joven, su marido José Cuello (22) y el nene de ambos, entonces de 1 año y 8 meses, se salvaron por muy poco. Hasta ahí el relato de un accidente más que ocurrió a las 23,25 en Ruta Nacional 20 (o Paula A. de Sarmiento), metros al Oeste de las vías del tren, en Caucete. Pero a cinco meses de aquel episodio el juez Juan Pablo Ortega (Primer Juzgado Correccional) tiene sospechas sobre el accionar policial. Está convencido de que los efectivos de la seccional 9na cometieron irregularidades de tal calibre que pueden configurar delitos y por eso ordenó sacar copias del expediente para que un fiscal en turno los investigue, dijeron fuentes judiciales.
¿Por qué sospecha? Porque los policías que atestiguaron le hicieron referencias al menos imprecisas o incorrectas sobre circunstancias del hecho, como la oscuridad del lugar donde ocurrió el impacto, que él en persona después constató que no era así. Y sin descartar que modificaran la escena del siniestro, también cree sospechoso que se dejara al imputado manipular la evidencia ligada a la investigación, como su propio auto, del que sacó varias cosas que el magistrado entendió claves para poder esclarecer el hecho: un GPS, su teléfono y un sistema de registro de video que el vehículo tenía instalado.
El fallo del juez Ortega fue apelado y ahora será revisado por un tribunal superior.
Por una pericia que encargó a Gendarmería, el juez supo que la tarjeta de video con el momento del accidente había sido cortada al final, en el momento previo al impacto del auto contra las víctimas y que eso ocurrió el 15 de mayo, cuatro días después del siniestro.
El magistrado descartó la versión de Guzmán de que el propio sistema de video realizó ese corte, porque los peritos demostraron que empleó un programa de edición que fue borrado, igual que otros archivos de esa tarjeta de memoria.
La sospecha tiene otra pata más: Guzmán trabajaba entonces en la unidad de Delitos Complejos de la Policía, es decir en el área donde se realizan pericias de informática, entre otras.
Además, es hijo de un alto jefe policial que esa noche estuvo presente en el lugar del hecho.
En su resolución, el juez Ortega criticó la «ignorancia» del policía sobre la ley de tránsito, pues en su defensa intentó argumentar que las víctimas habían cruzado por un lugar prohibido de la Ruta 20, pero el magistrado entendió que tal prohibición no existe.
Es más, en la pericia que encargó a Gendarmería se estableció que Guzmán circulaba por lo menos a 80 km por hora y que pasó a esa velocidad por las vías, lugar en el que se estipula una velocidad mínima de 20 km por hora. Y que a las víctimas las chocó a unos 64 km por hora, en una zona urbana debidamente señalizada en la que la velocidad debe ser de 40 km por hora, dijeron fuentes judiciales.
Guzmán condujo con un «grotesco exceso de velocidad y desatención», señala el juez en su fallo, al punto que atropelló a las víctimas en el inicio de la banquina, levantándolos en el capot y el techo, haciéndolos volar literalmente.
Lesiones leves, lesiones graves y gravísimas, agravadas por ser más de una las víctimas, fueron los delitos que el juez imputó a Guzmán, a quien le ordenó un embargo de $300.000.
Esa noche, los Cuello Guzmán volvían de una reunión religiosa. Guzmán iba a realizar un servicio adicional en la planta de OSSE.
El fallo fue apelado por la defensa del policía.
