El Gobierno creó este jueves una unidad para hacerle doping sorpresa y obligatorio a los miembros de las Fuerzas de Seguridad federales con el objetivo de detectar el consumo de drogas y alcohol.
A través de Resolución 507/2019, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció la creación de la Unidad de Pruebas Toxicológicas, que estará dentro de la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la mencionada cartera.
La flamante área “tendrá por objetivo realizar controles preventivos de carácter obligatorio sobre el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la detección de consumo de estupefacientes y alcohol”.
“Para el cumplimiento de su objetivo estará autorizada a toda hora y sin previo aviso a ingresar en cualquiera de las dependencias u operativos de despliegue” de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La cartera conducida por Patricia Bullrich remarcó que “el consumo de estupefacientes y/o alcohol ha demostrado tener efectos negativos sobre el sistema nervioso central, afectando la capacidad de juicio, coordinación y diversas funciones motrices, provocando asimismo: lentitud en los tiempos de reacción, disminución de la agudeza visual, cambios de estado de ánimo, dificultad de concentración, y baja de rendimiento intelectual”.
En ese sentido, advirtió que esos efectos “podrían agravar la situación en los casos en que los individuos se encuentren habilitados para tenencia, portación y transporte de armas de fuego”. Y añadió: “Por tal motivo, resulta fundamental implementar mecanismos que permitan identificar dichos consumos en el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
De acuerdo al protocolo de actuación, los integrantes de la Unidad de Pruebas Toxicológicas tendrán que estar debidamente identificados y contar con una “orden de visita” para realizar los exámenes.
Asimismo, tendrán un listado de los efectivos que deberán someterse al análisis, aunque también estarán habilitados para elegir “azarosamente a los agentes que se encuentren en sus puestos de trabajo”: todos deberán firmar un “consentimiento” para autorizar las pruebas.
En caso de que alguno de los uniformados se niegue a someterse a los exámenes, “se confeccionará un acta” que será remitida a la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad “para dar inicio del procedimiento disciplinario correspondiente”.
Si el resultado llegara a ser positivo, se procederá a “suspender inmediata y preventivamente toda actividad operativa del agente en cuestión, restringiendo así también el uso de armamento”, para luego ser sometido “a un proceso de contramuestra que incluya exámenes clínicos, psicológicos y de laboratorio” dentro de las 72 horas después de que la Fuerza de Seguridad haya sido notificada.
