En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Capital entró un proyecto del Ejecutivo que causó máximo revuelo, ya que planteaba un aumento del gasto cuando quedan 13 días para el recambio de gobierno. La iniciativa contempla la creación de dos adicionales para unos 300 empleados de planta permanente por jerarquía operativa y por tareas administrativas, pero como había sido enviada apenas unos días antes, los ediles no tuvieron tiempo material de estudiarla en detalle, por lo que decidieron, tanto oficialistas como opositores, mandarla a archivo. La movida reflejó la intención del intendente Franco Aranda de avanzar con el tema, el cual había tenido en octubre el OK financiero de la Secretaría de Hacienda, luego de que el año pasado se lo negara. Ahora, el momento y la forma en que ingresó el proyecto al Legislativo reflejó cierta torpeza, reconocieron en el municipio, ya que quedó en evidencia una descoordinación entre los representantes del oficialismo y arreciaron las versiones de internas.
De entrada, implementar un gasto permanente, como adicionales, está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal. La norma establece que no se pueden hacer tales erogaciones en los últimos nueve meses a la finalización de un mandato. El objetivo es no complicar las finanzas del sucesor. En el caso de Capital, se trata de Emilio Baistrocchi, quien, por otro lado, definió su gabinete (Ver recuadro). El proyecto había sido encarado por la gestión de Aranda en 2017 y al año siguiente no contó con la llamada “factibilidad presupuestaria”, es decir, no estaban los recursos para sustentarlo. En ese entonces, sólo el cálculo del plus jerárquico para 115 empleados con personal a cargo implicaba casi 6 millones de pesos al año, indicaron fuentes calificadas. Sin embargo, pese a la escalada inflacionaria, la Secretaría de Hacienda otorgó en octubre de este año el aval financiero no sólo para el adicional jerárquico si no también para el de tareas administrativas.
Aranda no habló con este medio y desde su entorno dijeron que la incidencia en el presupuesto es mínima. Por otro lado, circuló la versión de que el proyecto fue enviado por el coordinador de Gabinete, Emilio Carbajal, quien se habría cortado solo, en una suerte de interna con el intendente, cosa que fue negada por otras fuentes con acceso a los entretelones al municipio.
Pero, además, hubo confusión entre los concejales del oficialismo sobre la forma del proyecto del Ejecutivo. El presidente del Concejo, Juan Pablo Dara, señaló que se trató de una iniciativa para que fuera refrendada, mientras que Gabriel Castro, presidente del bloque del PJ, manifestó que fue “una cuestión para que tomáramos conocimiento”. Ambos además indicaron que no hubo instrucciones para que fuera aprobado.
Dara sí destacó que la iniciativa “me pareció un poco fuera de lugar. Si bien la intención es buena, necesitábamos más estudio y tener un encuadre legal que, en el caso de que sea atacada, no se vuelva una herramienta negativa. Si vas a dar adicionales hay que buscar la vuelta y que incluya a todo el personal y no a un grupo determinado, que fue de 300”. Castro, a su vez, dijo que “ningún concejal tuvo contacto directo con el expediente hasta ayer (por el miércoles). Ni siquiera se estudió en comisión”.
Juan Sansó, de Actuar, resaltó que “va en contra de la ley de responsabilidad fiscal” y que la movida “fue para ocasionarle un problema al nuevo intendente, nada más”.