Cuando faltan quince días para dejar la gestión, el gobierno de Mauricio Macri promulgó un decreto que generó fuerte controversia: formaliza un régimen para la alta administración pública, con un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones.
La normativa homologa un acuerdo firmado a mediados de año con UPCN -el gremio de estatales de mejor sintonía con la gestión saliente-, que tuvo el rechazo de ATE.
El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la «alta administración pública». Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.
Pocos días antes de dejar los despachos oficiales, el decreto deja como herencia a Alberto Fernández todo un nuevo mecanismo de jerarquización de los funcionarios que dificultará al nuevo gobierno mover de sus cargos a quienes fueron designados por concurso en la era Macri.
Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.
Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.
Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.
Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir «una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años».
La medida fue repudiada por ATE, que advirtió que «a 15 días de la asunción de la próxima gestión, Macri intenta condicionarla, homologando un régimen que genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera».
En el Gobierno defendieron la medida: «Es un régimen protectivo de la persona que concursó, beneficia a quienes quieren meterse en lo público con reglas de juego claras y es disuasivo de los cambios por motivos políticos o discrecionales».
Según pudo conocer la nacion, la gestión de Macri formalizó más de 80 altos cargos por concurso, de los cuales la mitad ya cumplieron más de un año en el puesto y podrían exigir una indemnización. Muchos de los concursos son muy recientes y se oficializaron después de las elecciones de octubre.
ATE aseguró que el decreto, dos semanas antes de dejar la gestión, es «un golpe de efecto» y advirtió que está evaluando una denuncia en la Justicia Laboral o una presentación administrativa.
La Asociación Gremial de Abogados del Estado, por su parte, denunció: «Se intenta consagrar un régimen de ingreso a cargos directivos con exigencias mucho más laxas, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto y un régimen indemnizatorio inédito, con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente».
En el equipo de Fernández señalaron que «hay que ver si el decreto es legal», aunque todavía no se pronunciaron.
Fuente: La Nación
