El aumento salarial del 50 por ciento para la planta política que fijaron apenas asumieron el intendente de Angaco, el bloquista Carlos Maza Peze, y los concejales sigue dando coletazos. El diputado por el departamento, Marcelo Mallea, resaltó ayer que la decisión fue «desacertada» y le aconsejó que dé marcha atrás, dado que «está a tiempo de subsanarlo». Las definiciones suman presión a la movida que encaró el intendente, ya que antes la había criticado Luis Rueda, presidente de la Convención del bloquismo, y el propio gobernador Sergio Uñac había manifestado en rueda de prensa que «no era una buena primera medida» y que «cada autoridad debe hacerse cargo de los hechos que genera».
Mallea, de origen peronista, compartió fórmula con Maza Peze en el Frente San Juan Primero y ambos llegaron a sus cargos luego de derrotar a la lista que lideró Alejandro Castro, hermano menor del exintendente José Castro, quien lo puso para que sea su sucesor. Las declaraciones del diputado angaquero marcan la primera (y gran) diferencia con la medida del actual jefe comunal, aunque Mallea destacó que «voy a seguir apoyando su gestión. Estoy convencido que tenemos que seguir trabajando juntos para que el departamento tenga la posibilidad de ir creciendo».
Sin embargo, las críticas no han hecho mella en la decisión de Maza Peze. Cuando este diario dio a conocer la medida, la justificó al señalar que apuntó a «regular y equilibrar la parte de sueldos». Como jefe comunal, su salario estaba en un 60 por ciento del haber de un ministro provincial y con la modificación, pasó a un 90 por ciento. En números, de 112 mil trepó a poco más de 168 mil pesos de sueldo bruto. Como los haberes de la planta política están atados porcentualmente al del jefe comunal, la suba produjo un efecto cascada en el resto de los cargos. Además, en un audio que trascendió, Maza Peze resaltó que la movida que hizo es legal y legítima.
El aumento había sido aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, pero el exintendente Castro confirmó ayer, después de su indagatoria (ver nota vinculada), lo que había circulado de fuentes departamentales. Que sus dos concejales (Valeria Olivera y Natalia Marín) plantearon el veto a la ordenanza. La decisión de las ediles (de ir en contra de lo que habían votado) se dio después de que estallara el escándalo. Ninguna de las dos contestó los llamados de este medio. Tampoco lo hizo la presidente del bloquismo, Graciela Caselles.
Sí dio su opinión Mallea, quien remarcó que «no era el momento adecuado» para sacar un aumento para la planta política, «teniendo en cuenta la delicada situación que vive no sólo el departamento sino la provincia y el país, los productores, los comerciantes y aquellas familias que están perdiendo sus trabajos en Angaco». Además, indicó que «la realidad política no está para que se dieran estas cosas porque también se ha ido un gobierno cuestionado y sospechado de corrupción, aunque eso lo va a determinar la Justicia». Por eso, manifestó que la medida «fue un error» e indicó que le diría a Maza Peze que anule la ordenanza «por la salud del departamento y por nuestra gente, para que no pierda la esperanza en nuestros gobernantes y los políticos».
A contramano de lo que sucedió en Angaco, los jefes comunales de Capital, Emilio Baistrocchi, y de Caucete, Romina Rosas, han reducido las plantas políticas que han heredado para generar ahorro frente a un escenario nacional que se vislumbra complicado (ver recuadro).
