Es una cosa inédita”, manifestó una fuente calificada de Tribunales sobre los 11 decretos que firmó el exintendente de la Capital, Franco Aranda, con los que buscó incorporar a 98 personas a planta permanente antes de irse. Es que, según explicó el informante, “dichos decretos existen y están registrados, pero no hay expedientes que los respalden”. Esto significa que no se habrían cumplido los pasos formales internos de la comuna para tener validez. El presunto vacío es tal que las nuevas autoridades departamentales no contarían con la información que les fue requerida por el titular del Juzgado Civil Nº11, a cargo de Abel Soria, para resolver el amparo que presentó el sindicato municipal para darles de baja a las polémicas designaciones, indicaron fuentes ligadas a la comuna. Así, dichos nombramientos penden de un hilo, ya que el magistrado puede anularlos si entiende que Aranda no cumplió con el proceso administrativo obligatorio.
Por el conflicto, el lunes hubo una reunión de las partes ante el juez y, tras ese encuentro, se le dio un plazo de dos días a las autoridades capitalinas para que presenten toda la información requerida por la Justicia. Esto es, los decretos de designación del personal contratado a planta permanente, los expedientes que respaldan dichos nombramientos y que estos haya pasado por todas las oficinas municipales correspondientes: el área legal, el dictamen de recursos Humanos indicando la vacante y por la secretaría de Hacienda donde se establece la partida presupuestaria asignada para el cargo, entre otros. Según las fuentes, Aranda no habría cumplido con ningunos de esos pasos, por lo que la gestión de Emilio Baistrocchi no tendría esa información disponible para presentársela al juez. Si bien el plazo de presentación finaliza hoy, Capital cuenta con la habilitación de hora, por lo que puede hacer uso de las dos primeras horas de mañana para cumplir con la orden judicial.
Desde la comuna que conduce el exministro de Gobierno se llamaron al silencio ante la consulta de la falta de documentación y se limitaron a indicar que darán una respuesta oficial una vez que el expediente sea presentado en sede judicial. Por otro lado, fuentes calificadas volvieron a reiterar que los decretos que firmó Aranda “fueron creados sin expedientes. Ese trámite no existe”, por lo que el juez “los puede declarar nulos, lo que significa que se retrotrae todo hasta antes de la firma de la designación”.
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), con la representación de Horacio Rodríguez del Cid, buscó frenar los nombramientos de Aranda al presentar una acción de amparo ante el juez Soria. Lo hizo antes de que ocurrieran, por lo que la gestión de Aranda indicó que se trataba sólo de “rumores, carentes de sustento frente a los hechos reales”. El conflicto estalló cuando salió a la luz que el mismo día que la comuna le informó al magistrado la inexistencia de las designaciones, Aranda habían firmado diez decretos incorporando a 97 personas en planta permanente y un onceavo documento que tenía fecha del día anterior. Por eso, el gremio también presentó una denuncia contra el exintedente por estafa procesal, falsificación de documento, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Tras la presentación, el fiscal Carlos Rodríguez pidió que se abra la investigación contra el exintendente, planteo que recayó en el Tercero de Instrucción, a cargo de Guillermo Adárvez.