Después de un pequeño respiro de seis meses para el bolsillo, con llegada del 2020 se pondrá fin a un beneficio de alto impacto en las clases medias trabajadoras: Desde el 1 de enero próximo se termina el beneficio de la quita del IVA en los alimentos de la Canasta Básica que sufrirán un aumento de al menos 21 por ciento, el que equivalente del gravamen que paga el consumidor final.
El gobierno de Mauricio Macri había rebajado a 0 (cero) la alicuota de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los alimentos básicos tras la fuerte devaluación por el resultado de las PASO.
La quita de ese impuesto, vigente desde agosto para 13 rubros de alimentos básicos, vence el
próximo miércoles. Pero entidades de consumidores reclaman que siga: si suben 21%, dicen, el impacto será durísimo.
El sachet de leche de primera marca, hoy a $ 52,50 en góndolas de la Capital Fderal podrá saltar a $63,50. De un día para el otro, la botella de litro y medio de aceite de girasol pasaría de $125 a 151,25. Paquetes de fideos de $49 se remarcarían a $59,30, el kilo de azúcar se iría de $43,50 a $52,60 y el de yerba común, de $225 a más de $272.
Entre los productos alcanzados figuran leches, yogures, pastas secas, arroz, yerba, mate cocido, té, azúcar, aceites, polenta, huevos, galletitas, pan rallado y conservas de frutas, hortalizas y legumbres, todos ellos con una alícuota del 21%. Y con un IVA original del 10,5%, están el pan y la harina de trigo.
La quita del IVA podrá aumentar los precios de alimentos 21%.
Para atenuar el impacto en los bolsillos de los consumidores, el Gobierno apura una medida ya anunciada que implica la devolución del IVA a jubilados, AUH y otros planes sociales hasta un tope de $700 por mes. Aunque el Gobierno de Alberto Fernández considera que los sectores más vulnerables serán muy beneficiados por esta medida, su impacto es reducido ya que es un beneficio acotado y deja fuera a toda la clase trabajadora. A ellos, tampoco les llegará la Tarjeta Alimentar implementada a través del Plan Argentina contra el Hambre que ya está en marcha.
En este contexto, se entienden las quejas de las entidades defensoras de los consumidores. Ellos sostienen que «una vez más, los empresarios ganarán. Tendrán vía libre para remarcar precios de productos que son básicos, mientras que a los sectores más empobrecidos se les ofrece un alivio mínimo
