Reiterando sus consideraciones sobre el lawfare como eje articulador, Cristina Kirchner presentó un escrito en el juzgado federal de Río Gallegos desde el cual denunció «procedimientos ilegales» hacia su persona por parte de organismos como la AFIP.
La vicepresidenta de la Nación acusó a funcionarios del ente recaudador de proceder como «grupo de tareas» que junto a «sectores del Poder Judicial” operaron en la clandestinidad para “armar un juicio de ejecución fiscal» sobre su persona.
En los textos, la ex mandataria pidió la nulidad de las acciones judiciales y administrativas sancionadas en su contra en el marco del expediente «Fisco Nacional AFIP contra Fernández, Cristina Elisabet s/ Ejecución Fiscal».
«En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona«, explicó la ex mandataria.
Cristina enmarca los hechos en cuestión a partir del proceso de lawfare que transita la región el cual busca «la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos».
En ese sentido, remarcó que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno el pasado 10 de diciembre de 2015, «se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional que articularon una feroz e inédita campaña de persecución» contra su persona.
Uno de los escritos fue presentado esta mañana ante el Juez Federal de Río Gallegos, mientras que el otro fue recibido por la Administradora Federal de Ingresos Publicos, Mercedes Marcó del Pont.
En el primero, de 73 páginas de extensión, la ex presidenta niega «enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución», por lo que pide que se desestime «la ejecución en su totalidad».
En el segundo, con la firma del abogado Carlos Beraldi, solicita la nulidad de «todo lo actuado por la AFIP» y de «los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos».
Además, solicitó que se «abra una investigación administrativa» contra los ex funcionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada «a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles».
