«»No los vamos a ocupar», dijo tajantemente el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, en referencia a los cargos que fueron creados hace poco más de cinco años para agrandar la composición de la Justicia Municipal, también conocida como la Justicia de Faltas del departamento. Es más, destacó que más adelante evaluará si anula dichos puestos a través de una ordenanza y remarcó que «»son gastos administrativos excesivos que se generan y que no tienen sentido», ya que señaló que la actual estructura «»está trabajando y funcionando bien». Los cargos son al menos cuatro, de tipo jerárquico, que, de cubrirse, hubieran tenido un costo de poco más de 5,8 millones de pesos al año, sin tener en cuenta la actualización salarial que se dará en marzo y sin contar la incorporación de empleados.
La decisión va en sintonía con el recorte del gasto político que instrumentó Baistrocchi desde el inicio de su gestión, en una señal de austeridad y búsqueda de la eficiencia en una situación delicada por la crisis nacional. En el Ejecutivo municipal se redujeron 10 puestos mientras que en el Concejo Deliberante fueron siete, lo que arrojó un ahorro anual de poco más de 36 millones de pesos (ver recuadro).
Los cargos que el intendente no cubrirá tienen que ver con la creación del Tercer Juzgado Municipal: el juez y el secretario. Además, está el puesto de fiscal municipal y el de secretario de Cámara. Los lugares quedaron establecidos en una ordenanza que se sancionó a fines de 2014, durante la gestión de Marcelo Lima. Actualmente existen dos juzgados, los cuales se pusieron en funcionamiento en la administración del bloquista Enrique Conti: en el Primero está a cargo Horacio Hernández, cuyo secretario es José Conte Grand, mientras que en el Segundo se encuentra José Cardús, que tiene como secretario a Alfredo Carrizo. El actual esquema «»está funcionando bien», resaltó Baistrocchi, por lo que «»no es necesario agrandar estructuras».
Dicho incremento implicaba, además de los dos puestos jerárquicos del Tercer Juzgado, la creación del Ministerio Público Municipal. Su puesta en marcha se ejecutaría a través de la reglamentación de la ordenanza y conllevaría la incorporación de más empleados. También estaba previsto el funcionamiento de la Cámara de Faltas.
Hoy, cuando un juez impone una sanción y el infractor apela, el que revisa la resolución es el otro magistrado, y viceversa. La norma que sancionó la administración del exvicegobernador Lima establecía que después del fallo de cualquiera de los tres jueces de primera instancia, estos actuaran como Cámara revisora, con la ayuda de un secretario. Pero Baistrocchi fue claro en su negativa al poner como ejemplo la realidad provincial. «Los juzgados de Faltas provinciales no tienen Cámara, por lo que no la vamos a tener nosotros», resaltó.
Los salarios de los cuatro cargos (juez y secretario del Tercer Juzgado, fiscal municipal y secretario de Cámara) iban a estar atados al del intendente en un porcentaje. Así, los puestos implicaban un gasto anual de 5,8 millones de pesos.
Concejo Deliberante
Una de las primeras medidas que tomó Baistrocchi apenas asumió fue retocar la cantidad de cargos que existían en el cuerpo deliberativo y dar de baja a siete de ellos. La movida generará un ahorro de un poco más de 11 millones de pesos.
