La Cámara de Apelaciones de Dolores resolverá en los próximos días si mantiene con prisión preventiva a los ocho rugbiers acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell el pasado 18 de enero. Todos están detenidos en la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores.
La sala I del tribunal, integrada por los jueces Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, deberá analizar la apelación que había sido presentada por el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, quien planteó la nulidad de las detenciones por presuntas irregularidades durante la instrucción por parte de la fiscal del caso, Verónica Zamboni.
La semana pasada, el juez de Garantías David Mancinelli procesó con prisión preventiva a Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) por el “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” de Fernando y por las “lesiones” que sufrieron sus amigos.
Ante esa situación, el defensor de los rugbiers apuntó a dos cuestiones: por un lado apelar la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones de Dolores, pero por otro, solicitarle al juez Mancinelli que analice la posibilidad de una morigeración de esas prisiones preventivas.
El defensor pidió que les dé a los ocho acusados el arresto domiciliario mientras se investiga el caso.
Ante esta cuestión, en su dictamen de prisión preventiva, el magistrado comunicó que fallará una vez que cuente con los “informes necesarios para evaluar dicha petición”.
En ese sentido, el juez Mancinelli realizó esta semana un pedido de informe socioambiental a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana para conocer quiénes viven en los domicilios fijados en la causa por cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, que dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.
Si bien se trata de un informe de rutina, este relevamiento suele demorar entre dos y tres semanas, según indicaron a Télam fuentes judiciales.
A su vez, el magistrado solicitó un informe a la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense, para dar cuenta de la aptitud o no de cada casa para un eventual arresto domiciliario.
El sospechoso N°11
Fernando Burlando y Fabián Améndola, los abogados que representan a la familia de Báez Sosa, pidieron una serie de medidas de prueba “urgentes”, entre ellas la “identificación fehaciente” del joven apodado “Pipo”, señalado como el que estuvo “presente en el lugar de los hechos” junto a los rugbiers imputados.
El sospechoso N° 11 tiene nombre y apellido en la causa, aunque aún no se hizo pública su identidad y tampoco la Fiscalía lo llamó a declarar.
El joven aparece en por lo menos una selfie, en chats y en dos videos junto a los rugbiers imputados por el asesinato. Según trascendió, habría escapado por la parte de atrás de la casa cuando llegó la Policía a detenerlos horas después del crimen.
