Serias demoras e incertidumbre es la consecuencia de la fuga en masa de magistrados sanjuaninos para no perder los privilegios jubilatorios. Ese vacío en el fuero penal es lo que se notó en el primer día posterior a la renuncia en masa de 11 magistrados locales (contando a todos los fueros), que se consumó el viernes pasado.
El más afectado fue indudablemente el penal, donde quedaron disminuidas y fuera de funcionamiento las tres salas de la Cámara Penal provincial, que tramita nada menos que los juicios orales para estos delitos, además de todas las apelaciones de los tribunales inferiores.
Una sala, la segunda, quedó literalmente desierta porque se fueron de un día para otro sus tres ocupantes: José Atenágoras Vega, Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera. En la sala I, el renunciante fue Raúl Iglesias, por lo que sólo quedó Juan Carlos Caballero Vidal y el recientemente designado Heredia Zaldo, mientras que en la sala III se fue Eugenio Barbera, dejando solos a Maximiliano Blejman y Silvina Rosso de Balanza, ésta última también de reciente designación.
La intempestiva renuncia de 5 de los 9 camaristas se agrava con la salida también de dos de los fiscales de Cámara: Eduardo Mallea y Leticia Ferrón de Rago, quienes también deberán ser reemplazados para reencauzar el funcionamiento de los juicios.
El problema que ocasionó esta virtual estampida es que los juicios orales debieron ser suspendidos y reprogramados, y está seriamente afectada la línea de apelaciones a las decisiones de los juzgados de instrucción, lo que ha derivado en una virtual parálisis de la justicia penal provincial desde este lunes.
En las fuertes allegadas calculan que desde marzo hasta mediados de año, cuando presumiblemente pueda comenzar a solucionarse el problema, hay alrededor de 80 juicios por camarista que se verán afectados, es decir más de 200 por sala penal.
También sufren y sufrirán demoras las apelaciones, con el riesgo evidente de no llegar a tiempo e incurrir en la denegación de justicia y en cataratas de nulidades. Con especial importancia en las causas que tienen prisiones preventivas, es decir personas privadas de su libertad que esperan resoluciones judiciales que seguramente se demorarán.
En las salas penales tramitan esas apelaciones y nulidades, entre las que cuentan innumerables pedidos de eximición de prisión que la justicia no está tramitando al quedar desintegrados estos tribunales. En estos casos, se cumplen plazos perentorios que se deben respetar, y que de no cumplirse pueden ocasionar casos de privación ilegítima de la libertad.
También estas salas tramitan suspensiones de juicios a prueba y juicios abreviados, dos modalidades judiciales que buscan abreviar los tiempos de la justicia pero que desde este lunes deben reprogramarse porque las salas no están integradas. O las que estaban integradas se desintegraron sorpresivamente en cuestión de días, como consecuencia del apuro de los magistrados por jubilarse y no perder los privilegios antes el Congreso Nacional sancione su eliminación. En los juicios que ya estaban convocados con una integración de sala, deben suspenderse primero hasta estar nuevamente conformada la sala y luego hasta que se pueda volver a notificar a las partes.
También operan en estas salas los juicios orales, ya sea en su modalidad de unipersonales (cuando un solo juez de la sala lo lleva adelante) o los comunes, que se realizan con la sala completa. En el primero de los casos, sólo tuvieron suerte los que tienen juicios llevados adelante por los camaristas que no se fueron (la minoría, 4 de 9). En el caso de los últimos, deberán esperar una nueva integración de las salas, lo que aún no ocurre ni está claro cuándo ocurrirá.
El problema para reemplazar a los jueces que se fueron es que eso conlleva demoras, mientras pasa el tiempo con el fuero penal paralizado. Una opción es convocar a los mismos jueces que se fueron, que lógicamente tienen experiencia, para que sigan a cargo hasta que se les designe reemplazante.
Es una opción y una obligación para los renunciantes, al menos durante los 5 años posteriores. El problema es que la ley indica que sólo los podrán convocar una vez que esté operativa la jubilación. Y en el caso de los camaristas sanjuaninos que renunciaron a los apuros, eso no ocurre porque todavía no perciben sus jubilaciones de privilegio como pasivos sino que se apresuraron a renunciar a la espera del beneficio que ya tenían otorgado, pero aún la jubilación no se concreta.
La decisión de estos jueces fue renunciar a contrarreloj para llegar antes que la sanción en el Senado de la eliminación de las jubilaciones de privilegio de los magistrados, de manera de que se les extinga el derecho. Mientras la jubilación se completa, estos magistrados permanecerán en pasivo ganando el 60% de los sueldos en activos (como lo establece la ley 24.018 de jubilación de privilegios que ahora será modificada), hasta que les otorguen el beneficio del 82% móvil que no tiene ninguna actividad en el país y eleva los montos de sus ingresos de manera significativa.
Por ese motivo, los jueces renunciantes no pueden por ahora ser convocados nuevamente, hasta que al menos no se encuentre un recurso legal para hacerlo. Otra opción es designar conjueces, pero eso se hace con una lista para cada causa específica. Y la otra es disponer subrogancias, es decir designar permanentemente en las salas a jueces de otros juzgados.
En este caso, el problema es que no hay magistrados suficientes. El fuero de instrucción penal mantiene a sólo dos de sus cinco jueces: sólo quedan Correa y Adárvez, mientras Heredia Zaldo acaba de ascender a Cámara y dejó vacante su cargo, Benito Ortiz acaba de irse en esta tanda y Pablo Flores está de licencia y, según fuentes de tribunales, no volvería porque teme por su cargo (pesan sobre él varias acusaciones).
Encima, el “semillero” de secretarios y funcionarios judiciales del fuero penal fue trasladado al flamante fuero de Flagrancia, por lo que el recambio en Tribunales hoy es igual de desvestir a un santo para vestir a otro. Incluso, a las mismas fiscalías les será difícil entrar reemplazante: también fueron derivados a Flagrancia dos de los fiscales de instrucción más activos, Fabrizio Médici y Daniel Guillén.
De allí que el problema de esta estampida en masa de los tribunales sanjuaninos que ocurrió la semana pasada (entre miércoles y jueves presentaron la renuncia y el viernes se las aceptó la Cámara de Diputados en trámite exprés sobre tablas), no está cerca de quedar solucionado.
Todo se fue desencadenando desde que se conoció que el presidente Alberto Fernández impulsaba una norma para desarmar las jubilaciones de privilegio, lo que el mandatario ratificó en su mensaje del domingo. Afecta a San Juan desde hace 10 años, cuando la provincia firmó un convenio con la Anses para sumar a los magistrados locales a esas jubilaciones privilegiadas, lo que ocasionó que pasaran a retiro entonces un buen número de jueces que retenían sus cargos a pesar de tener edad y aportes suficientes: habían jueces de hasta 75 años que seguían en sus juzgados.
Esta nueva estampida se dio contra reloj para mantener esos privilegios, y no hubo previsión en el Poder Judicial local para anticiparse a las consecuencias como la virtual paralización del fuero penal que se ve desde este lunes.
Lo que se escucha en Tribunales son quejas por haber priorizado tan poco al sector judicial en favor de un despliegue inédito en las facetas administrativas. En este casillero se registró un innumerable ingreso de funcionarios y la creación de direcciones a cargo de la administración, dirigida por Javier Vera. Como contracara, en los juzgados no fue proporcional la capacitación y los ingresos, lo que terminó generando el vacío actual del fuero penal.
Con una perlita que se comenta en los pasillos de Tribunales. Donde cuentan que muchos funcionarios que ingresaron en las direcciones administrativas fueron reencauzados en cargos judiciales recientemente para que sus altos sueldos no los obliguen a pagar el impuesto a las Ganancias, para el que jueces y secretarios están exentos.
Fuente: Tiempo de San Juan
